León Roldós

Al Presidente le desinforman

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No hay otra explicación. No suponerlo, sería decir que miente. Se han fabricado –porque no aparece sustentación alguna- en la exposición de motivos del proyecto de ley de más carga tributaria, cifras como la de la supuesta pérdida diaria de USD 4 millones, por no exportación desde Manabí. Y también otras estimaciones de perjuicios –pueden ser menos o más- resultantes del terremoto del 16 de abril, que no coinciden con lo informado en la sabatina del 23 de abril.

Claro que el Gobierno nacional requiere recursos para la reconstrucción y rehabilitación de lo devastado por el terremoto del 16 de abril del 2016, pero para inversión y gasto público de su competencia será mucho menos de los 2 000 millones a 3 000 millones de dólares que se expresa debe financiarse. Y hay que colaborar con el Gobierno.

Lo demás estará a cargo de gobiernos autónomos seccionales y de los sectores privados de Manabí, Esmeraldas e incluso fuera de estas provincias, porque hay cientos de infraestructuras públicas y privadas, inmuebles y negocios que en Guayas, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo también están afectados.

El déficit fiscal ya era muy preocupante antes del terremoto, cuando buena parte del sector público se encontraba en una virtual suspensión de pagos. Había una falta de dinero generalizada. Por eso, duele decirlo, se percibe una utilización de la tragedia, por parte del Gobierno, para extraer recursos de los sectores privados.

Coincide la intención del Gobierno con un discurso reiterado del Presidente y su entorno contra los empresarios y la sociedad civil, suponiendo que todo debe condicionarse al poder público. En un foro en el Vaticano el 15 de abril del 2016 –en la víspera del terremoto- el presidente Correa tachó de peligrosa a la sociedad civil organizada, haciendo referencia a cámaras, sindicatos, ONG y otras organizaciones, reiterando que sus mayores opositores son los medios de comunicación que no controla el Estado. Sin usar una frase específica, la conclusión de sus palabras era asumir enfrentar a esos sectores, fortaleciendo al Estado.

El proyecto tributario calza con el discurso político presidencial.

Mi invocación es a un gran acuerdo político: que para la inversión que requiere el sector público aportemos todos los ecuatorianos con valores que se conviertan en crédito tributario aplicable no antes de dos años después. Y si alguien espera retorno en dinero, que se emitan títulos valores a no menos de cinco años plazo. Si en sesenta días, no funciona un mecanismo como el propuesto, para recaudar por lo menos mil millones de dólares, entonces pensemos en tributos.

Por otro lado, incentivemos el retorno de capitales en el exterior, que se inviertan para la reconstrucción. Sumar y sumar es lo que requiere el Ecuador. No odiar.