Jorge León

Terminar al MPD y fondos de UNE

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11 de agosto de 2014 00:00

Qué difícil defender al MPD, pero vive injusticias imposibles de ignorar. No porque, según varios criterios, incluidos los nuestros, se lo considere un partido en disputa con principios democráticos que se justifique terminarlo, sin más.

No es raro criticar al MPD por su coorporativismo primario, ese que sin importar las consecuencias sobre la sociedad, quisiera que prime la defensa de los agremiados en la UNE y no contribuya, como fue este gremio al inicio, a promover el perfeccionamiento de los maestros, sino que impida reformas que crean exigencias para nuevos rendimientos. Un facilismo que es irresponsabilidad social. Muchos lo que más recuerdan de la universidad es su dogmatismo y una FEUE-MPD demagógica con ofrecimientos populistas que devaluaron la educación y la universidad para controlarla, con lo cual podía perdurar su cúpula con prácticas coercitivas y violentas, que vergonzosamente sus militantes consagraron con el “mamita pega duro”. Esta mezcla de coorporatismo, dogmatismo y coerción ante la dinámica social tan cambiante lleva al oportunismo, pues pretender tener una “línea justa” justifica cualquier medio. Sus posiciones son propias al pasado y sin espacio para una razón crítica lo que no aporta a la renovación de la sociedad.

Sin embargo, debemos reconocer que el MPD logró organizar jóvenes del sector popular, sin ello la alternativa pudo ser la delincuencia o un primario odio social como se vivió con violencia en los países vecinos. El MPD aportó también a la continuidad de ciertos temas sociales o a que personas de sectores excluidos terminen siendo representantes electos.

Podemos no compartir sus posiciones, pero no justifica borrarlas por decreto, es el debate público que puede volverlas vetustas y sin acogida; ni sus aspectos negativos justifican eliminarlo; se puede presionarle para el cambio, como críticamente lo hemos hecho, para ir a un MPD democrático y renovado. Tampoco es aceptable que para cortarle sus posibilidades de pervivencia se cause daño al gremio que controla, como el Fondo de Cesantía de los maestros, bien justificado ante sus irrisorias jubilaciones. La Asamblea está configurando una confiscación al transferir fondos privados al Biess, aunque el Estado haya aportado con algo. Esta justificación no tiene asidero; tarde o temprano, por justicia nacional o internacional, se revertirá la decisión con costos para el Estado, es decir para todos.

El precedente de esta transferencia de fondos privados a gestión pública merece esclarecimiento. ¿Por qué no hacer lo mismo con tanto régimen particular ahora administrado, no por un fondo específico como el de la UNE sino por empresas de seguros? ¿Hasta dónde intervenir bienes privados para transferirles al Estado? ¿Sucederá lo mismo con el fondo de cesantía de la PUCE? ¿Cuáles son los fines y los límites de esta lógica de apropiación de recursos privados para administración pública?