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21 de June de 2011 00:02

En España ocurre algo mucho más grave que la intensa crisis económica: la creciente politización de jueces y magistrados. El Tribunal Supremo y el Constitucional andan a la greña. El poder judicial español va adquiriendo los rasgos y el comportamiento del tercer mundo. Es vergonzoso.

Aunque todavía no llegó al desastre de casi toda América Latina, en donde muchos jueces venden las sentencias. Los poderosos casi nunca son condenados (suele ocurrir en Guatemala o México), o les persiguen por eso mismo, como hacen los países de la Alba. Incluso, en Bo-livia, Evo Morales afirmó públicamente que la función de los abogados a su servicio era retorcer las leyes para acomodarlas a cualquier violación reglamentaria que se le ocurriera hacer.

En Colombia, el coronel Alfonso Plaza, en 1985 declarado héroe nacional por liberar a cientos de rehenes y retomar el Palacio de Justicia de las guerrillas –que habían recibido dos millones de dólares de Pablo Escobar para crear una conmoción social que impidiera firmar un tratado de extradición con Estados Unidos-, dos décadas después, sin pruebas fehacientes y testimonios fabricados por enemigos ideológicos, resultó condenado a 30 años por “uso excesivo de la fuerza”.

En Venezuela, la víctima más escandalosa de la falsa justicia es el ingeniero Alejandro Peña Esclusa, a quien los jueces hicieron pagar su activismo internacional antichavista fabricándole una ridícula causa por confabulación para cometer actos terroristas, que sirvió para encarcelarlo y tratar de intimidar a la oposición.

No hay nadie más ingenuo y temerario que el político que cree conveniente controlar al poder judicial para perseguir enemigos y legitimar sus trampas. Cuando las tornas cambian y los adversarios de antaño ocupan el gobierno, lo primero que hacen es tomar el sistema judicial para vengarse. Eso explica, en parte, la historia de Ecuador y Nicaragua, su crónica crisis de gobernabilidad.

La democracia liberal –modelo socioeconómico de los países más prósperos— no funciona sin un poder judicial adecuado. Mientras en Latinoamérica no haya justicia imparcial, razonablemente rápida y sin manipulaciones políticas, seguiremos en la frontera de la catástrofe social y la inestabilidad institucional.

Un buen poder judicial comienza en las universidades, con grandes juristas y abogados notables convencidos de que desempeñan un papel clave para la supervivencia de la democracia. Son necesarios, además, jueces probos, competentes, bien remunerados y respetados que apliquen con justicia las leyes que aprueba el parlamento. Todo eso cuesta dinero, tiempo y esfuerzo, pero no puede eludirse. Repetimos, una y otra vez, que nuestro modelo de convivencia está basado en el respeto al Estado de Derecho, pero no acabamos de entender que sin un buen poder judicial todo es inútil.