Pablo Ortiz García

Temor reverencial

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
24 de June de 2011 00:02

He analizado el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, y encontré una serie de inconstitucionalidades. En este artículo revisaré el tema del control (léase censura) a la prensa. Normas ilegales que por arte de birlibirloque de los asambleístas de Gobierno que las aprobarán, se convertirán en legales y de beneficio para el gobernante, no para el pueblo. Mucha gente no se da cuenta que la intención de Correa y sus panas es intervenir en la programación de estaciones de radio, televisión y en medios escritos. ¿Cómo? Muy fácil, a través de dos mecanismos incorporados en el texto del proyecto de ley: creando un poderoso Consejo de Comunicación, como supervisor de la actividad de los medios; y, otorgándole facultades extraordinarias a la Defensoría del Pueblo.

El proyecto de ley concede al Consejo atribuciones que podrían facilitarle el control y censura a los medios de información pública. Por ejemplo, el artículo 35, letra d), le faculta realizar monitoreos de la programación para analizar su contenido. La letra e) le permite al Consejo promover la “deliberación pública” de cualquier programa presentado en un medio audiovisual. También puede impulsar “la lectura crítica de medios y mensajes” (letra h). ¿Qué se busca con esta terminología tan rara y que permite todo contra la libertad de expresión? Para los medios impresos el proyecto de ley también tiene su “colacioncita”: el Consejo dictará políticas para que se conozca el tiraje de los diarios y revistas (letra r). ¿Para qué? La intención no es otra que controlarlos y meterse en lo que no es de su competencia.

El artículo 215 de la Constitución desarrolla las atribuciones del Defensor del Pueblo, que se reducen a la protección y tutela de los derechos de los habitantes de Ecuador. Los asambleístas constituyentes no le otorgaron funciones sancionadoras. Para eso está otro tipo de autoridades. Pues este proyecto de ley que cuenta con el “favor” de Alianza País, se va en contra de lo ordenado en la Carta Magna, puesto que faculta al Defensor del Pueblo y, por ende, a sus delegados en cualquier provincia de Ecuador, ordenar la suspensión de programas o publicidad que a su criterio contenga mensajes de intolerancia política, “apología del odio” (¡ya se jodió el que sabemos!), entre otros. Es decir, la Defensoría del Pueblo se convertiría en un súper organismo de control a la prensa escrita, radial y televisiva. Y con el nivel de intervención del presidente Correa en todos los ámbitos del quehacer político, y el temor reverencial que la mayoría de funcionarios públicos le tienen, nos podemos imaginar qué ocurrirá con la prensa independiente mientras Rafael Correa permanezca en Carondelet. ¡Desaparecerá o se callará!... me refiero a la prensa.