Lolo Echeverría Echeverría

Temor y esperanza

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Parece que los más recalcitrantes correístas igual que los menos recalcitrantes opositores están atentos a cada señal que ofrece el presidente de la República, Lenín Moreno, sobre el modelo político y económico que implementará en su gobierno, pero la interpretación que dan a esas señales probablemente es contradictoria. La iniciativa del Primer Mandatario contra la corrupción habrá sido una mala señal para unos y buena señal para otros y ambos deben estar decepcionados porque no es viable la fórmula planteada.

La ciudadanía ya no tiene mucha fe en las comisiones por las malas experiencias del pasado. Varias comisiones, algunas integradas por el propio gobierno, para investigar sospechas de corrupción, han terminado con los informes archivados, los comisionados presos o acusados y los corruptos burlándose en las narices de los ciudadanos.

La opinión de los ciudadanos sobre las comisiones es conocida: si quieres ocultar algo, nombra una comisión para que lo investigue, dice una burlesca norma de gobierno; un camello no es más que un caballo diseñado por una comisión, dice otro comentario acerca de la dudosa eficacia de las comisiones. Para que la investigación de casos de corrupción tenga eficacia, los comisionados deben exigir algunos requisitos. Deben contar con respaldo legal para su trabajo y saber a quién representan. Además deben estar bien definidos los objetivos y el ámbito de su competencia; deben contar con garantías de inmunidad y acceso a la información. Finalmente debe estar definido el valor de los resultados. Si el fiscal y la justicia tienen libertad para desechar el informe, no servirá para nada.

No basta que los comisionados gocen de prestigio ciudadano y estén libres de antecedentes o incluso sospechas; es indispensable que cuenten con plena independencia y con recursos para cumplir la tarea que se les encarga. A la luz de estos antecedentes, la comisión sugerida por el Presidente para combatir la corrupción, no tiene posibilidades de sobrevivir. Algunos comisionados ya se han excusado. Una comisión de funcionarios para investigar a otros funcionarios o a ellos mismos carece de sentido.

La necesidad de una comisión anticorrupción delata, de partida, que los funcionarios encargados del control no han cumplido debidamente su obligación. Es una forma de censurar el trabajo del contralor, el fiscal, los jueces, los parlamentarios y hasta el defensor del pueblo. Ellos han fallado y no se interesarán en ninguna comisión que descubra los esqueletos que ellos dejaron enterrados.

Los mecanismos para combatir la corrupción no deben provocar sonrisas en los corruptos y decepción en los ciudadanos. Es necesario cambiar las condiciones y las designaciones para que los corruptos sientan temor y los ciudadanos alguna esperanza.

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