La decisión de la jueza Lucila Gómez de conceder acción de protección a Teleamazonas, por la que se revoca una multa y obliga al Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, a disculparse públicamente por la sanción a dicho medio por negarse a trasmitir una réplica, pregrabada, a una entrevista en la que el criticado era el mismo Ochoa, es decir era la víctima, el acusador y el juez. Esta decisión judicial se suma a la lista (todavía pequeña) de sentencias que recuerdan el papel central que tiene la administración de justicia para poner freno a los abusivos.
La Ley de Comunicación está vigente desde junio de 2013, desde la presentación del proyecto se advirtieron las muchas amenazas que una normativa así encerraba la que, en nombre de los derechos, tenía como objetivo controlar a los medios de críticos y establecer verdades oficiales.
Aprobada la ley, Correa puso a la cabeza de la instancia administrativa con poder para acusar, juzgar y sancionar a los “infractores” a Carlos Ochoa, un cercano al proyecto gubernamental, que cumplió con lo esperado. Poco importaba la veracidad de lo informado, el interés público o la necesidad de la noticia, las sanciones se multiplicaban. En tanto los medios públicos, o bajo control del Estado, parecían tener una patente para actuar al margen de la ley: las denuncias en su contra no se tramitaban o, se aplicaban sanciones tan leves que garantizaban la impunidad.
Ciudadanos y medios críticos fueron colocados en una posición de indefensión, se establecían sanciones ridículas, se difundían réplicas absurdas sin posibilidad alguna de ejercer el derecho a la defensa frente a la Supercom, por su parcialidad y, lo más alarmante, frente a la justicia ordinaria o la constitucional. En estos años, muchos fueron los medios que presentaron acciones de protección en contra de decisiones de Ochoa, la mayoría se rechazaron por formalidades y en el caso de las que prosperaron la sanción impugnada se confirmó.
¿Qué cambió? ¿Qué llevó a la Jueza a dar esta vez la razón a Teleamazonas? En principio dos cosas evidentes: un nuevo estilo de ejercicio del poder y la desaparición de escena de los personajes que presionaban directa e indirectamente a los jueces; es decir, modificaciones superficiales que dan cuenta de la fragilidad de la independencia judicial, condición indispensable para que se pueda hablar de una justicia verdadera.
¿Qué se requiere? Muchas cosas, para iniciar, un rediseño de los procesos de selección, evaluación y sanción a los jueces, especialmente debe impedirse que un órgano administrativo, el Consejo de la Judicatura, pueda intervenir en las decisiones de carácter jurisdiccional por medio del llamado “error inexcusable”; y, por supuesto, debe cambiarse a todos los integrantes de ese Consejo porque han sido parte fundamental de la “metida de mano a la justicia”.
Esperemos que el 2018 nos sorprenda con cambios sustanciales, ese es mi deseo para este nuevo año.