Gonzalo Ortiz

¡Suelten a los 10 de Luluncoto!

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20 de December de 2012 00:01

Uno mi voz a la de los valientes y admirados Elsie Monge y Julio César Trujillo y a la de miles de ecuatorianos que demandan que concluya esa violación sistemática a los derechos humanos, ese empecinamiento de policías, fiscales y jueces por intentar crear, por orden del Gobierno, un caso de “terrorismo” con los 10 detenidos el 3 de marzo en el barrio de Luluncoto, cuando no existe evidencia alguna de ello.

En lo personal, nunca he coincidido con el MPD ni con el Grupo de Combatientes Populares (GCP), organización ligada a ese partido. Más aún, los he criticado. Pero mis discrepancias con ellos no me llevan a creer que son delincuentes y mucho menos que este grupo concreto de 10 personas sean terroristas. La lectura del informe de la Cedhu, la Clínica Ambiental y el Inredh, titulado ‘Ocaso de la Justicia’ me ha horrorizado pues demuestra el cúmulo de violaciones a los derechos humanos y la tremenda situación psicosocial de los detenidos y sus familiares.

Como describe el doctor Trujillo, lo que el Fiscal llama “evidencias del delito” no son sino varios teléfonos celulares, flash memories, billetes, monedas y otras pertenencias como llaves, billeteras, maletines, cuadernos, una cartuchera de cosméticos y un espejo. Ni siquiera el “folder GCP” que, dice Trujillo, quizás “podría haber servido para identificar a los miembros del Grupo y las funciones y tareas de cada uno de ellos” permite comprobar nada, porque “no consta nada de esto” y el Fiscal nada dice de su contenido.

Es indignante que el juez considere al elemental informe del fiscal un relato “claro, preciso, unívoco, del hecho, lo que constituye un delito de acción pública, conforme lo dispone el art. 32 del Código de Procedimiento Penal”, aunque el juez no puede precisar el delito… “por hallarse bajo investigación”. Esta cantinflada no es sino el principio de una cadena de violaciones que el Estado y sus agentes han cometido sin que hayan podido encontrar absolutamente nada que pudiese comprobar que estuviesen organizando alguna acción terrorista. Es escandalosa la abyecta condición de agentes y jueces que por temor a perder su puesto se prestan a todo.

El informe, dice Trujillo, “es también una ventana al mundo de horror que son las cárceles del Ecuador en donde todo crimen es posible, todo vejamen a la dignidad humana tiene su lugar, todo atropello físico, psicológico, aun los más inimaginables, tiene su práctica”. Esas condiciones de las cárceles “claman justicia al cielo en un país petrolero que tiene dinero para prestar cientos de miles de dólares a un extranjero”.

Las cárceles, que Jorge Crespo Toral llama “el mayor pecado social del Ecuador”, no han podido y no han querido ser cambiadas por el Gobierno. A Crespo Toral, a pesar de todas las promesas de Correa, este Gobierno le ha dado con la puerta en las narices. (Esa es otra historia, que también clama al cielo).

Tomado de Diario Hoy Tomado de Diario Hoy