Andrés Vallejo

Soterramiento

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Columnista invitado

Se publicó la buena noticia de que la municipalidad reiniciará el soterramiento de cables que afean la ciudad, la vuelven peligrosa para los vecinos y violan las normas dictadas por la propia municipalidad.

En julio de 2009, el Concejo Metropolitano dictó la ordenanza 293, que regulaba la utilización del espacio aéreo de la ciudad para el tendido de cables, sean estos de entretenimiento –aunque los menos, porque ya utilizan en buena parte los conductos subterráneos construidos por IETEL- o de procesamiento de datos. El espíritu de la ordenanza era estimular la utilización subterránea, gravando la aérea.

Así, era preferible construir conductos bajo tierra que pagar tasas altas por utilizar el espacio aéreo.

A partir de agosto de 2009, al inicio de la administración del alcalde Barrera, se suspendió la aplicación de la ordenanza por las presiones de los usuarios y recién después de treinta meses se dictó una nueva -022 de enero de 2011-, menos estimulante y menos gravosa.

El efecto práctico fue que se incrementó en forma geométrica la instalación de cables aéreos, utilizando los postes de energía eléctrica. Hasta ahora se observa en toda avenida, calle secundaria y en las parroquias cercanas a Quito, brigadas de instaladores de cables, generalmente sin identificación, para que no se sepa quien instala arbitrariamente. Las pocas manzanas en que se suprimieron los cables aéreos, que presentan visión positiva y son menos peligrosas, se vieron superadas por las telarañas que hay ahora en toda la ciudad: las autoridades municipales han sido las únicas que no se enteraban de lo que estaba pasando, en franca violación de sus propias normas.

Ahora que la municipalidad anuncia que se reiniciará el soterramiento, hay que esperar que, al mismo tiempo, impida que se siga utilizando el espacio aéreo, en el que, a más de no recibir ningún ingreso, establecido en la ordenanza abandonada, el problema se agrava a diario.

De nada sirven los esfuerzos aislados que solucionan el problema en sitios determinados si no se dejan de instalar cables en los postes.

De nada sirve la promoción para transmitir la imagen de trabajo adecuado, si en el resto de la ciudad se actúa en forma diametralmente opuesta. El costo de solucionar el problema, que crece a diario, será imposible de afrontar por la municipalidad y lo que contribuyen los usuarios no avanzará ni para la muela, como ya sucedió en lo poco realizado.

La labor es de conciencia y de legalidad. Como en toda guerra avisada, al haberse suspendido la vigencia de lo drástico para reformarlo algún día, se incrementó el problema geométricamente. Es indispensable una acción concertada entre las autoridades -para no permitir el abuso que ya lleva seis años-, y los usuarios -respetando las normas- para que el problema no se agrave, porque al paso que va no tendrá solución y todo lo que se haga quedará como parches promocionales.