Las estadísticas más recientes de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer de Ecuador (Solca) dan cuenta que, entre 1986 y 2010, el número de pacientes con cáncer creció dos veces. En Quito alcanzó los 44 961 casos.
Ese ritmo de crecimiento supera el aumento de la capacidad -infraestructura, equipos, contratación de especialistas- del sistema público de salud, para atender a los pacientes. Solca le da un respiro al Estado al atender, unos 12 800 pacientes con ese mal en Quito, cada mes.
Y no solo por la experiencia que posee enfrentando el cáncer -61 años- sino por la orientación que tiene su trabajo. También porque el servicio está dirigido a los estratos más pobres. Por la importancia que tiene Solca, el Estado ha contribuido con recursos económicos. Ahora, la entidad ha hecho pública su preocupación por el retraso en las asignaciones. Hay una deuda de USD 130 millones, según Solca.
La preocupación no es reciente. Está presente desde el 2008. Hasta ese año Solca recibía directamente la mitad de los fondos del impuesto del 1% de las operaciones de crédito en moneda extranjera.
Con la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera se estableció que los recursos para Solca provengan del Presupuesto General del Estado. Los directivos de Solca alertaron sobre lo riesgoso que era depender de ese fondo y su salud financiera.
En 2014, con la aprobación del Código Monetario, se retomó el concepto anterior al 2008. Las personas que obtienen un préstamo deben pagar el 0,5% del monto de operación. Lo recaudado se destina a la atención integral del cáncer, no solo a Solca. Y las cuentas por las derivaciones de pacientes se canalizan a través del Ministerio de Salud y de Finanzas. Esto último crea otra forma de dependencia que ahora pasa factura.
La alerta de Solca debe ser una oportunidad para definir otros mecanismos que garanticen la asignación. Y que, como hasta ahora, se controle el uso de los fondos públicos.