Juan Cuvi

Solca e hiperpresidencialismo

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Los contenidos primarios del libreto presidencial empiezan a perder efecto. Ya ni los subalternos y adláteres secundan algunas declaraciones del Primer Mandatario. Por indigeribles. Es lo que ocurre con la última arremetida en contra de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA).

En una entrevista de televisión le preguntaron a la Viceministra de Gobernanza en Salud si el Ministerio estaría dispuesto a hacerse cargo de las instalaciones de SOLCA. Para curarse en salud (valga la reiteración), respondió que ese no era el propósito de la autoridad sanitaria. Obviamente, la funcionaria está consciente del descomunal desafío que significa asumir un servicio que durante 60 años ha operado eficientemente. Peor aún ahora que los bolsillos del Estado están hechos hueco.

La prensa verde flex tampoco ha podido mantener su obsecuencia con el Ejecutivo. En medio de la disputa, se ha visto obligada a difundir las críticas de la ciudadanía respecto de las intenciones del Gobierno. Y es que la agresividad del Presidente contra SOLCA hiere profundamente la sensibilidad de la gente común y corriente. Sobre todo, de los enfermos de cáncer y sus familiares, que han manifestado su angustia frente a la eventualidad de someterse a las demoras e ineficiencia de los servicios públicos de salud. El cáncer no espera tres meses por una cita.

Más allá de que pueda tratarse del típico efecto de distracción a los que quiere acostumbrarnos el Gobierno, el incidente con SOLCA saca a flote uno de los peores vicios de nuestro sistema político: la excesiva concentración de poder; el hiperpresidencialismo, como lo denominan los expertos. Es decir, la posibilidad de que un mandatario intervenga y tome decisiones en todos los ámbitos de la vida nacional, inclusive en aquellos sobre los que no tiene mayores conocimientos. Las consecuencias, en estos casos, suelen ser desastrosas.

Las instituciones privadas sin fines de lucro (también conocidas como tercer sector) surgen como una compensación a la incapacidad del Estado para responder a las demandas de la población. En el campo de la salud, cumplen un papel relevante. A diferencia del sector privado, que hace de la medicina un negocio, las instituciones del tercer sector aplican el principio de la solidaridad social. Combinan eficiencia con bajos costos. Incluso la ley les prohíbe generar utilidades.

Diez años de una bonanza inédita en la historia nacional no fueron suficientes para que el correísmo garantice la capacidad del Estado de atender las necesidades de salud de la población. La respuesta más fácil ha sido transferirle al sector privado miles de millones de dólares, bajo la modalidad de subcontratación de servicios. Y ahora quiere dejarle sin plata a una institución que sí cumple con una función social.