Sebastián Hurtado

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8 de November de 2011 00:01

Como no soy abogado no puedo opinar sobre los méritos legales de la decisión judicial que otorgó cuarenta millones de dólares al Presidente de Ecuador, para compensar la mella que pudo causar a su honor las “injurias” de un periodista publicadas en un diario local. Pero como economista puedo asegurar que el “honor” del Presidente ecuatoriano no vale cuarenta millones de dólares, por las siguientes consideraciones.

En primer lugar por que las cortes suelen estimar compensaciones monetarias, en base al impacto que las injurias proferidas cause en la productividad de las personas agraviadas. Sin embargo, funcionarios y burócratas no ejercen actividad productiva alguna y simplemente consumen la producción y riqueza generada por el resto de los ciudadanos. Tan pronto un ciudadano -aquí y en cualquier parte del mundo- abandona sus actividades privadas y pasa a trabajar para el gobierno, su contribución económica neta a la “sociedad” se vuelve negativa, tanto más cuanto mayor sea el tiempo que se mantenga en la función “pública”. De ahí que resulta un sinsentido compensar financieramente la “pérdida” de productividad de individuos que no producen.

Por otro lado, el valor de los activos -y el “honor” y la “reputación” son activos- está estrechamente vinculado a la realidad económica que los rodea. En el siglo XXI Ecuador se ubica a la saga mundial en varios indicadores de competitividad y facilidad para hacer negocios, mientras su economía arrastra una cada vez más grande carga impositiva y ha alcanzado una de las tasas de riesgo soberano más altas del mundo. Estas circunstancias se han exacerbado en los últimos años con la implementación de un sistema económico socialista que ha venido reduciendo el valor de “mercado” de activos dentro de las fronteras nacionales, a los que se debe aplicar una tasa de descuento cada vez mayor para determinar su valor presente neto real.

Hay que considerar que el Ecuador posee algunas de las instituciones estatales más incompetentes, corruptas y desprestigiadas de la región y quizá del mundo. La deplorable “reputación” de las instituciones estatales ecuatorianas ha sido laboriosamente construida durante las dos últimas décadas gracias a incumplimientos reiterados de incluso las más simples de sus responsabilidades locales e internacionales. La precariedad y disfuncionalidad del Estado ecuatoriano y sus instituciones se exhiben hoy como ejemplo paradigmático en cualquier discusión internacional sobre gobernabilidad democrática. De ninguna manera los representantes de un Estado de semejantes características deberían aspirar a una “reputación” valorada en millones de dólares.

Conclusión: el “honor” y la “reputación” de un presidente del Ecuador del siglo XXI bien podrían valer 40 millones, pero de sucres.