Gonzalo Maldonado

Sobre el dinero electrónico

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Para que funcione, el dinero electrónico solo puede ser concebido como una plataforma de pagos; es decir, como un mecanismo que facilite las transferencias de dinero y la compra-venta de bienes y servicios. Utilizar esta tecnología para emitir dinero sin respaldo solo haría colapsar este servicio y, peor aún, amenazaría la vigencia del actual formato monetario.

El Gobierno entrante tiene la oportunidad de dar un nuevo impulso al dinero electrónico permitiendo que el sector privado –conformado por las empresas telefónicas, los bancos y un grupo de proveedores tecnológicos nacionales– monten y administren esa plataforma de pagos.

Una decisión como aquella traería grandes beneficios, sobre todo a quienes están en la base de la pirámide social, pues está probado que mecanismos tecnológicos como estos dinamizan las ventas de los micronegocios y convierten a sus dueños en sujetos de crédito, por ejemplo.

Una plataforma de dinero electrónico también ayudaría a proteger el acervo de dólares existente en el país porque los depositantes sacarían menos dinero de sus cuentas (porque tendrían menor necesidad de llevar billetes consigo). Esto último aumentaría la velocidad de circulación del dinero, facilitando el consumo y, por tanto, empujando la demanda y la producción.
Pero desde el punto de vista fiscal, el Gobierno no obtendría beneficio alguno porque al entregar esta plataforma al sector privado, la posibilidad de hacer pagos con dinero inorgánico desaparecería por completo. Y esto sería muy bueno porque la emisión de “dólares electrónicos” –o “dólares ecuatorianos”, como les llama Alberto Acosta– provocaría un estallido de escasez e inflación en el país (sólo para mencionar dos problemas).

De forma complementaria, el Gobierno entrante podría flexibilizar las tasas de interés. Como las tasas activas tienen máximos, los intereses que se pagan a los depositantes también están sujetos a límites. Para que la tenencia de efectivo se reduzca y aumente la velocidad de circulación del dinero, cabría contemplar una flexibilización de las tasas de interés. Pagar mejor por los depósitos incentivaría a que los recursos del público se queden en el Ecuador.

En suma, una plataforma de pagos como la descrita aquí estimularía la dolarización. Para el nuevo Gobierno esto sería positivo porque la divisa norteamericana ha sido el gran aliado político de este régimen: fue el vehículo que aumentó los ingresos de los sectores más pobres y ha sido el mecanismo que nos ha blindado de grandes conmociones económicas, como la crisis de 2008.

Sin dolarización, Ecuador sería un país muchísimo más complicado de gobernar. Esta es una verdad innegable que las autoridades entrantes no deberían olvidar.