Los derechos civiles son más importantes que los derechos políticos. Por eso, el Estado de derecho es tan o más valioso que la democracia.
La democracia –y los derechos políticos– nos permiten cambiar de Gobierno ordenada y pacíficamente. Ese es el gran beneficio de las elecciones transparentes.
Pero la democracia no nos asegura la libertad ni la igualdad. La historia está llena de sátrapas que llegaron al poder democráticamente y que, una vez ahí, se tomaron todas las instituciones –destruyendo al Estado de derecho– para atropellar a los demás.
Son los derechos civiles –y no los políticos– los que salvaguardan nuestra libertad y nos hacen iguales entre todos.
Para ser libres se necesita, por ejemplo, tener derecho a la propiedad. Tener un patrimonio –pequeño, mediano o grande– para poder alimentarnos, curarnos, estudiar, viajar o hacer lo que fuere. (No es coincidencia que el aprendiz de tirano desconfíe de la propiedad privada).
Para ser iguales, es decir para tener los mismos derechos y obligaciones sin que importen nuestras ideas o el color de nuestra piel, necesitamos poder firmar contratos. Acuerdos individuales e institucionales, públicos y privados, que sean equitativos y, sobre todo, que se cumplan.
Y son los jueces quienes, en última instancia, hacen respetar esos acuerdos. Los jueces son guardianes de la legalidad y, en ese sentido, son también quienes protegen la libertad y garantizan nuestra igualdad. Es por eso que los jueces –y la Función Judicial– son la piedra angular de un Estado de derecho.
Leer los mails que supuestamente intercambiaban las altas autoridades del Ejecutivo para influir sobre las decisiones de los jueces o para removerlos produce escozor e incredulidad. Recuerdo cómo el expresidente Correa criticaba eso que él llamaba “democracias de plastilina”, regímenes donde el ciudadano solo podía votar y no tenía derecho a nada más.
Paradójicamente, en eso se convirtió el país de la “revolución ciudadana”, en un lugar donde los tan cacareados derechos se quedaron en declaraciones estridentes y mentirosas, porque se pisoteó a la justicia, a los debidos procesos y cualquier principio mínimo de equidad.
Para recuperar la legalidad y el Estado de derecho, es decir para salvaguardar la libertad y garantizar la igualdad entre los ecuatorianos es imprescindible respetar la independencia de los jueces.
El rediseño institucional que nuevamente deberemos hacer tiene que poner énfasis es este requisito, porque sin justicia independiente no habrá libertad ni igualdad. El énfasis debe estar en garantizar los derechos civiles y no sólo los políticos. Una democracia funciona con un sólido Estado de derecho.
@GFMABest