Fabián Corral

¿Para qué sirve la Constitución?

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Es necesario, a veces, reactivar estas preguntas: ¿cuál es la función de la Constitución frente al poder? ¿Es una herramienta para imponer y aplicar una ideología, un “proyecto”, una visión unilateral de la vida? ¿Es un límite? ¿Debe servir como herramienta y arma de la voluntad del poder, o debe ser escudo, refugio y alero para escampar de los actos del inmenso ente interventor que se ha consolidado sobre la sociedad civil? Sobre la retórica declaración de “Estado garantista”, sobre el propio texto constitucional, ha triunfado la tesis de la consolidación de la “autoridad” sobre los individuos y sus derechos. ¿Prospera una visión funcional y utilitaria en beneficio del Estado y en desmedro de los ciudadanos?

1.- ¿Para qué se inventó la Constitución?.-El origen del constitucionalismo indica que la Constitución, como propuesta ideológica y como herramienta política, tuvo como idea fundamental reconocer y proteger los derechos individuales, preservar las libertades, dotar de seguridad a la sociedad y -ya que el hecho del poder es inevitable-, establecer su naturaleza (república vs. dictadura, autoritarismo vs.
democracia), y determinar las estructuras, funciones y deberes del Estado. Históricamente, la idea nació como respuesta al absolutismo. La tesis que anima al constitucionalismo fue la de evitar la concentración y el monopolio del poder y la de desvincular a la autoridad concebida como institución, de la autoridad entendida como la persona que ejerce funciones públicas. La idea esencial era precisar que el caudillo no es el Estado, que el policía no es la Ley, que el Juez no es la voz de dios, y que los gobernantes y legisladores no puede suplantar a las personas, que son las depositarias de la soberanía y de la legitimidad del mando. En síntesis, que todos ellos –gobernantes, legisladores, jueces o militares- son herramientas, transitorios funcionarios al servicio de la comunidad, nada más.

Curioso e ilustrativo dato: la primera constitución del mundo (1215), no es escrita y es la que más ha durado: la inglesa. Esa “Carta Magna” se originó cuando los señores feudales y los comerciantes le quitaron buena parte del poder al rey Juan I, cuyas facultades mutiladas explican el nombre de “Juan sin Tierra”. Fue, además, la semilla del debido proceso (el Bill of Rigths de los ingleses, de 1689). Así pues, histórica y doctrinariamente, las constituciones se inventaron para “quitarle poderes al poder”, no para acrecentarlos. Son freno y no arma.

2.- El problema de los límites.-La Constitución y sus debates traen consigo el tema esencial de los límites del poder. Una verdadera Constitución es aquella que circunscribe las atribuciones de la autoridad, la que fracciona el monopolio y la influencia de los gobernantes, la que establece responsabilidades y controles. No puede llamarse Constitución a una herramienta de concentración de facultades, ni a un conjunto de reglas que menoscaben derechos individuales, que rebajen las garantías de debido proceso, que coloquen al poder y a sus fines sobre las personas. Hay más constitucionalismo si hay más espacio para los derechos, y hay menos constitucionalismo, cuando la cancha del poder se amplía. No es tema de nombres, el problema es de contenidos. Hay países con regímenes claramente dictatoriales, como Cuba, que tienen algo que llaman “constitución”, que en realidad es un estatuto autoritario.

3.- El “problema” de los derechos de las personas.-Para el poder político, el principal problema es el de los derechos individuales y sus garantías. A veces, la protección de esos derechos, en lugar de ser el objetivo y la tarea del Estado, se transforma en problema, porque la tendencia irremediable en todos los sistemas, casi sin excepción, es la expansión de la intervención, de la tentación de controlar, condicionar y someter a las conductas, de domesticar a las personas, a la cultura, a la rebeldía y a toda manifestación que se aparte de los designios “superiores”. La Constitución vigente encierra la paradoja esencial de declararse “garantista” y, al mismo tiempo, consolidar y blindar a la autoridad, expandir sus potestades, articular un sistema de planificación y de políticas que, en la práctica, prevalece e influye sobre las reglas jurídicas y entrega atribuciones discrecionales a poderosos estamentos estatales. Esa paradoja germinal de la Constitución no podía subsistir mucho tiempo.

La recurrente idea de las reformas indica que el tema pretende resolverse en beneficio del poder, como se advirtió desde los días de la Asamblea Constituyente. Si alguien pensó que con Montecristi había llegado el “tiempo de los derechos”, se equivocó, porque no leyó los signos de la tendencia, que, por otra parte, eran clarísimos. Lo que llegó fue la época del poder renovado, consolidado.

4.- ¿Es posible la República sin división de poderes?.-Camina por allí la sugerencia, poco dibujada pero peligrosa, de que debería “superarse” la idea clásica de la República liberal, con división efectiva de funciones y sistemas de chequeos y controles. Aunque la idea peca de insustancial, sin embargo, para el buen entendedor está claro que el asunto pretende resolverse borrando los límites clásicos, colocando como meta de la Constitución al “proyecto” y sometiendo los derechos a su diseño. Algunos creyeron, en los días de Montecristi, que era posible conciliar un Estado ultra poderoso, planificador e interventor, con derechos individuales fuertemente garantizados.

La experiencia demuestra que eso, simplemente, no es posible, y que las contradicciones políticas casi siempre se resuelven a favor del poder, a menos que, de verdad, exista una sociedad civil militante y dirigencias ilustradas que la orienten.

fcorral@elcomercio.org