10 de March de 2011 00:00

Sicarios de tinta

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Alfredo Negrete

Antes de que el pueblo se pronuncie sobre un Consejo de Comunicación que censure los contenidos de la prensa y antes de que la Asamblea Nacional apruebe la Ley de Comunicación, disponiendo que en el referido Consejo participen delegados gubernamentales en un porcentaje determinante, un estigma ha sido creado: “Sicarios de tinta”.

Se lo ha endilgado a periodistas como José Hernández, Emilio Palacio, desconociéndose si Alfredo Pinoargote ya fue incorporado a este exclusivo rango. De la misma manera, la revista Vanguardia y El Universo constan en esta novedosa injuria que no debiera ser calificada de calumniosa o no calumniosa, pues en corto tiempo, puede llegar a ser honrosa para aquellos que no trabajan en la prensa oficial y que, en uso de la libertad de expresión, no merecieron que luego se los compadezca como parias del periodismo en tiempos de crisis.

El sicariato es un tipo penal descrito como un acto criminal realizado por encargo de un tercero, a cambio de un precio si el servicio fue eficientemente prestado. En consecuencia, debe colegirse que los “sicarios de tinta” realizan su labor por encargo de alguien. ¿Será de los dueños de comunicación, de políticos miedosos que se ocultan tras la pluma de otros o de algún marido celoso que no ha encontrado otro medio para saciar su venganza por compartir con un tercero la misma cama? En esos casos, para mantener lo sustantivo del “sicariato de tinta”, se supone que hay un contrato y un precio; de lo contrario, serían simplemente asesinos morales contra las instancias de una dictadura como en el siglo XIX lo fue Juan Montalvo. De cualquier manera, es posible que el Consejo de Comunicación penalice esta conducta por afectar a los grandes designios de la revolución; no la de Montecristi, sino la de Carondelet. El artículo 53 de la Constitución de la República de Cuba, puede ser un buen modelo: “Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad”.

Los periodistas, como los neurocirujanos, saben que su oficio tiene que ver con el cerebro. En el primer caso el del poder que es astuto, vanidoso y represor. Sea de derecha, centro o izquierda. No existe poder, por democrático que sea, que deje de quejarse de los ‘abusos’ de la prensa libre que no comparte ni debe hacerlo las percepciones oficiales. Por el contrario, su quehacer radica en tener como insignia la duda y la sospecha frente a la convicción y la adhesión que caracteriza al pensamiento oficial. El derecho del pueblo a ser informado en una democracia se nutre de esta dicotomía.

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