Un sexenio clave

Luego de permanecer 12 años al margen del poder, el Partido Revolucionario Institucional vuelve al mando en México de la mano de Enrique Peña Nieto, un político joven pero con experiencia en estas lides, pues al parecer fue formado y preparado para llegar a tan alta responsabilidad. Descendiente de familias con antecedentes políticos, lo que da para que se hable de la influencia de la vieja guardia del partido que, durante los diversos gobiernos que se sucedieron a lo largo de los casi 70 años que se mantuvo en el poder, mostró pocas credenciales democráticas. Peña Nieto tiene ante sí importantes desafíos. Impulsar un fuerte crecimiento económico que, a la ahora 13ª economía del mundo, le permita generar mayor riqueza y distribuirla mejor para que pueda reducir los altos índices de pobreza que se resisten a disminuir; y, abandonar las viejas prácticas del partido político que lo llevó a la Presidencia, fortalecer la institucionalidad para que sea un Estado acorde con estándares de sociedades desarrolladas, en donde prime el respeto a las normas.

Por algo hay que empezar. La violencia y el desmoronamiento moral que ha penetrado en algunos segmentos de la población, alentadas por el dinero proveniente del ilícito negocio de la droga, son lacras que azotan a la sociedad y hay que combatirlas con las herramientas que concede la ley. El trabajo que hay que realizar en ese campo es amplio y compete a toda la sociedad mexicana comprometerse con ese propósito, para dejar atrás una época que ha puesto en riesgo la misma viabilidad del estado como el órgano que impone el orden y la legalidad en todo su territorio.

Pero Peña Nieto se ha estrenado con un acierto. El nuevo gobierno ha buscado la vía de los consensos. Apenas posesionado, con la participación de los representantes de los tres mayores partidos políticos PRI, PAN y PRD, se ha firmado en el Castillo de Chapultepec el Pacto por México, un documento que recoge las aspiraciones mínimas de los mexicanos y al que las fuerzas políticas se comprometen a darle impulso. En él se hace énfasis en la necesidad de fomentar el crecimiento económico, el empleo, la competitividad y la inclusión social.

Señala que la economía deberá crecer por encima del 5% para lo cual la inversión debe alcanzar un 25% del PIB. Un 1% de éste último indicador deberá dedicarse a la ciencia y tecnología. Los mexicanos, con las dificultades propias de esta clase de acuerdos, han logrado trazar una hoja de ruta y determinar un camino para enfilarse hacia el desarrollo y progreso, buscando dejar atrás décadas de inacción e indolencia. Es un buen principio. Ahora corresponde ejecutarlo con seriedad y transparencia, para que el país azteca recupere ese liderazgo que alguna vez lo ejerció sobre el resto de países latinoamericanos. Si lo logran habrá que concluir que, para bien de México, el gobierno posesionado ha marcado una nueva forma de hacer política en ese país.

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