El proyecto de ley mediante el cual el Gobierno se estaría apropiando de aproximadamente el 7% de la liquidez del sistema bancario privado (cerca de USD 280 millones, sobre la liquidez de 4 154,5 millones del sistema a septiembre 30, 2012), en la Comisión de lo Económico no tuvo cambios sustanciales.
La génesis del proyecto fue coyuntura electoral. La oferta del candidato ex banquero Guillermo Lasso, de ofrecer el incremento del bono de USD 35 a 50, en base del ahorro de la promoción y publicidad del Gobierno, hirió en el alma al Presidente, que la respondió el 13 de octubre, según él, contra la banca, comprometiéndose al mismo incremento, pero mediante la apropiación de parte de la liquidez del sistema.
Actores en la redacción del proyecto han puntualizado como el mismo 13 de octubre del 2012 recién se enteraron de la decisión presidencial y fueron convocados a su elaboración. ¿Así debe legislarse en campaña electoral?
Podrían abrir luz hacia una solución que afecte menos a los depositantes, las palabras del propio Correa cuando ubicó en USD 122 millones –como tope para él aceptable- la afectación a la liquidez bancaria por la reforma tributaria, y también las declaraciones del Superintendente de Bancos que señaló que técnicamente, según su criterio, una afectación de USD 130 millones sería asimilable por el sistema financiero.
Si tomáramos la cifra de USD 130 millones, el problema es que esa cifra para nada corresponde al texto de la normativa propuesta ni a las cifras reales del sistema.
Dejemos de lado lo del tope de las remuneraciones de los ejecutivos, que en términos tributarios no tiene incidencia, porque hoy tributan en su renta personal y con la reforma –cualquiera que sea el ahorro en el gasto bancario- se tributaría aún menos en los bancos.
En el rubro más elevado que es el de “anticipos de impuesto a la renta”, solo en los bancos, a cifras de septiembre 30, 2012, proyectadas a diciembre 30, 2012, con la legislación actual se pagaría USD 93.3 millones; y, sumando el impacto de la reforma llegaría a 186.4 millones. El incremento es de USD 93.1 millones. ¿De dónde obtiene la Superintendencia el estimado de solo de USD 22 millones por este rubro? Imposible suponerlo.
En el incremento del impuesto sobre capitales en el exterior, el estimado es de USD 120 millones. La Superintendencia lo señala en 48 millones.
Por IVA el cálculo de la Superintendencia es de USD 40 millones y por capitalización de utilidades 19 millones.
¿Podría armar un taller la Comisión de lo Económico –con sus auxilios técnicos- con las asociaciones de bancos y financieras, para pulir cifras y conciliar, sobre la base de que el incremento del impacto tributario en la liquidez del sistema, para el 2013, no supere los USD 130 millones? ¿Será mucho pedir racionalizar cifras?