Miguel Rivadeneira

Sentencia y a recuperar la plata

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Las abundantes pruebas documentales y testimoniales presentadas por el Fiscal General y el acusador particular, César Montúfar, y que constan para registro histórico en el juicio por el caso Odebrecht obligaron al Tribunal Penal a sentenciar a 6 años de cárcel al vicepresidente de la República, su tío y otros procesados en el primer caso por asociación ilícita. Aunque repitan las mentiras un millón de veces de que no hay pruebas no van a lograr el objetivo de seguir engañando al país, como hizo el correísmo en una década.

Existe el descaro y la audacia cuando hablan de preso político, persecución, venganza personal, justicia parcializada y sin independencia cuando en el correísmo el propio ex presidente habló de meterle mano a la justicia y así operaba cada sábado. Dictaminaba quiénes deben ser procesados y sentenciados y los operadores judiciales y la Fiscalía actuaban de inmediato.
Criminalizaron la protesta y hay tantos casos que lo demuestran.

Hay que reconocer el trabajo minucioso de la Fiscalía y la presencia de su titular, aun cuando esas sean sus obligaciones emanadas de la Constitución y del Código Integral Penal.

Igualmente la valentía del acusador particular. Esto contrasta con la ausencia del abogado del Estado, el Procurador General, que en un caso histórico de esta magnitud brilló por su ausencia y envió a sus delegados, que un día llegaron atrasados y con exageración el Tribunal Penal les sacó del proceso. El Fiscal siempre estuvo liderando, acompañado de su equipo.

Hoy vienen otras grandes obligaciones. Si se ha demostrado la asociación ilícita, en el debido proceso y con el derecho a la defensa que les permitirá apelar, la Fiscalía deberá iniciar de inmediato otras investigaciones, como dispone el Tribunal Penal, por hechos más graves: cohecho, concusión, tráfico de influencias, peculado, delincuencia organizada, testaferrismo y lavado de activos.

Queda un enorme reto, que el Ecuador no ha podido concretar con los actos de corrupción: ubicar y recuperar los dineros que se señala que se llevaron. Una cosa es lo que la Fiscalía pidió y el Tribunal Penal ratificó el pago solo por este caso del tío y sobrino vicepresidente de 14 millones USD y casi 19 millones para el resto de sentenciados. Basta de proclamas sino de acciones, sin hacer olvidar al país con el tiempo.

La Constitución, art. 78, habla de la adopción de mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación. El Código Integral Penal, art. 77, obliga a la reparación integral de los daños ocasionados. Por tanto, con la primera sentencia esto no concluye, en medio de tantos casos de corrupción señalados en el correísmo.

Recién empieza y es hora de ponerle fin a tanta impunidad.