Milagros Aguirre

La sentencia

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A los tresaños empezó su tragedia. De ella. Y de sus padres. Una transfusión contaminaría su sangre hace 17 años. De ahí en adelante, sus vidas nunca serían las mismas. Sus padres, haciendo lo posible y parte de lo imposible para que le atiendan a su hija, gastaron lo que tenían y lo que no tenían para pagar sus medicinas. Fiaron al chulco. Sufrieron lo indecible. Su hermano tuvo que dormir varias noches en la calle, pues los padres se debatían entre las medicinas para la niña o el arriendo de un cuarto.

La niña, además de haber contraído el VIH, expuesta a tratos discriminatorios. Sola, con terror al rechazo y condenada a vivir así por el resto de su vida. Niña. Mujer. Pobre. Marginada. Y con VIH. Vulnerada en derechos fundamentales como el acceso a la salud y el acceso a la educación.

Talía y su familia han ganado una larga y dura batalla. El Estado ecuatoriano ha tenido que reconocer su error, su indolencia y su omisión. Ha tenido que reparar, en algo, el dolor y la tristeza de esa familia.

El Ecuador ha sido sancionado. Todos hemos sido sancionados.

El Estado no cumplió adecuadamente su deber de garante en su papel de supervisión y fiscalización frente a entidades privadas que prestan servicios de salud.

Cometió errores de omisión en la prestación de atención médica especializada con lo cual siguió afectando el ejercicio de los derechos de la víctima y no cumplió con los estándares mínimos de debida diligencia para ofrecer un recurso efectivo a la víctima y sus familiares.

El caso de Talía, que no ha de ser el único, es un espejo en el que se reflejan muchos casos de muchas Talías y de muchas familias para quienes no están garantizados ni el derecho a la salud ni el derecho a la educación. El caso de Talía retrata, en buena medida, las mayores debilidades del país, de sus instituciones, del sistema, de sus ciudadanos.

Ahora el Estado (o sea nosotros, los ecuatorianos), tiene que reparar a la víctima según indica la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Y, aunque sea tarde, pues dicen que la justicia tarda pero llega, tiene que pagar los estudios superiores de Talía, entregarle una vivienda digna, reponer en algo los gastos de la familia y capacitar a los profesionales de la salud en temas como el VIH y sus consecuencias.

Ecuador le debe pedir disculpas a Talía y a su familia. Disculpas por todo lo que pudo hacer y no hizo. Disculpas por las noches de pesadilla de sus padres. Disculpas por los días de depresión y ansiedad de la víctima. Disculpas por el director de la escuela a la que asistía la niña, pues le cerró las puertas de la institución y no le permitió estudiar.

Ni con la sentencia que tendrá que pagar el Estado se quitará la vergüenza del maltrato y la discriminación.