La semana que termina estuvo muy marcada por la economía: nueva emisión de bonos, las posibles nuevas preventas petroleras, los pagos al Banco Central con acciones de entidades financieras, la eliminación de las salvaguardias, la reducción del IVA en dos puntos.
Pero a todo este panorama se añade un hecho fundamental, la Asamblea Nacional se allanó al veto del Ejecutivo al proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable.
Uno de los aspectos polémicos de este cuerpo legal se refiere a que en el país se podrá desarrollar ‘investigación científica directa de semillas transgénicas’; además, permite que el Ejecutivo tener la capacidad de regular esa investigación. Entre los argumentos oficiales, esta reforma permite que las semillas y cultivos transgénicos que ingresen al país sean utilizados con fines exclusivamente investigativos; es decir, que sirvan para fomentar el conocimiento.
Sin embargo, tras esta decisión, las dudas sobre las posibles consecuencias en la salud, alimentación, agricultura, en el desarrollo campesino se activan. Bajo el paraguas del diálogo que quiere imprimir el nuevo Gobierno es indispensable que las autoridades expliquen con más detalles los verdaderos objetivos e intereses que están detrás de aquella ‘investigación científica’.
La producción limpia es una fortaleza que puede contribuir a mejorar la competitividad de la oferta exportable . De acuerdo con un estudio de Organic Monitor, publicado por Pro Ecuador, el consumo de productos orgánicos a escala mundial crece anualmente en un 5%. La Unión Europea promueve fuertemente el consumo de este tipo de alimentos, porque conservan sus cualidades naturales, son beneficiosos para la salud y saben mejor.
En beneficio de la soberanía alimentaria es indispensable ampliar el debate. El Ejecutivo ha reiterado que toda ley es perfectible. La experimentación con transgénicos no solo se hace en el laboratorio, la investigación con semillas de hecho se realiza en el campo.