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Con el advenimiento del nuevo año y las complicaciones económicas que se vislumbran, los desafíos de la seguridad social son enormes, pese a los avances que ha tenido. Se requiere un modelo sustentable en el tiempo, que sirva no como discurso para las próximas elecciones sino para las siguientes generaciones.
Según datos oficiales, la situación actual es cómoda. Recibe un ingreso mensual de alrededor de USD 700 millones y la cartera del Banco del IESS está en alrededor de los USD 13 000 millones, con una dinámica creciente. Pese a esta situación, hay que pensar en serio a futuro y cómo sostener un modelo responsable.
Uno de los análisis más completos de los últimos tiempos presentó el experto y exlegislador Marco Proaño Maya, a través de su obra ‘Seguridad social y sociedad democrática’. Con datos muy ilustrativos señala que sin un sistema de seguridad social políticamente responsable, económicamente sustentable y socialmente solidario no hay una sociedad democrática. Argumenta la humanización tangible de los gobiernos y sostiene que no puede someterse a los caprichos de los regímenes ni tampoco depender de los criterios de los burócratas. Él ha contribuido en materia legislativa y se ha preocupado de un sector abandonado por una sociedad indolente: el adulto mayor y los jubilados.
Pese a la enorme liquidez que tiene el IESS y el Biess, no dejan de preocupar algunas políticas que por bien intencionadas que sean generan distorsiones. El fondo de salud individual y familiar tiene un enorme déficit por el notable crecimiento de la demanda, sin que la oferta vaya al mismo ritmo. Al contrario, resulta insuficiente. No hay que olvidar que se ha duplicado el número de afiliados y a ello se suma la decisión política de ampliar la prestación a los hijos menores de 18 años y sus cónyuges, lo cual ha deteriorado aún más el déficit que tiene. Faltan médicos especialistas y un sistema que permita contar siempre, sin justificativos de cualquier naturaleza, con el 100% de insumos y medicamentos.
El otro punto neurálgico se relaciona con el fondo de pensiones. El Estado tiene la obligación legal de financiar, mientras que a los señores militares y policías, que les pone más, intenta generar tranquilidad frente a las justas preocupaciones y hasta se propone una enmienda constitucional que dice que “el Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de la Fuerza Pública”. Según la Constitución, todas las personas sin distingo son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.
Más allá de valorar esta valiosa publicación, resulta preocupante la indiferencia y poco interés que demuestran afiliados, jubilados y pensionistas del IESS frente a un modelo que si no proyecta un rumbo cierto, financiado y sustentable, simplemente será muy grave al mediano y largo plazos para las futuras generaciones.