Sebastián Mantilla

Seguridad y FF.AA.

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7 de March de 2012 00:01

El narcotráfico y sus efectos en la sociedad ecuatoriana son cada vez más evidentes. En días pasados se ha hecho público un informe del Ejército en el que se advierte sobre el grave riesgo que puede generar para el Ecuador un desbordamiento del crimen organizado y el narcotráfico. Si el Gobierno no toma las medidas adecuadas, ratifica dicho informe, “a corto plazo este problema puede generar violencia extrema”.

Sin querer ser alarmista, podría afirmarse que estamos a un paso de convertirnos en otro México.

El crimen organizado en México ha dejado en los últimos años cerca de 35 mil muertos. Valor escalofriante ni siquiera comparable al de una guerra entre Estados. La ola de violencia en México produjo 12 182 víctimas en el 2011. 5,17% más que en el 2010, en el cual se registraron 11 583 asesinatos como parte de la disputa entre los principales carteles de la droga. Los Estados con mayor número de homicidios fueron: Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Guerrero.

En el caso de Ecuador, de acuerdo al informe del relator de las Naciones Unidas, Philip Alston, “la inseguridad va en aumento, la tasa de homicidios crece y la impunidad ha alcanzado niveles impresionantes”. Por mencionar un ejemplo, la tasa de homicidios en el Ecuador se duplicado en los últimos 20 años. Si a inicios de 1990 la tasa de homicidios era de 10,3 por 100 mil habitantes, ahora la tasa supera el número de 20 por cien mil habitantes.

Ante esta situación, ¿cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas? Para el ministro coordinador de la Seguridad, Homero Arellano, las Fuerzas Armadas deberían participar en asuntos de seguridad interna, especialmente en la lucha contra el crimen organizado.

Sin embargo, esta decisión institucional debería analizarse con mucho cuidado. Sacar militares a las calles no solucionará los altos niveles de criminalidad. Puede ser un arma de doble filo. Si no se especifican claramente la misión y nuevas tareas, las Fuerzas Armadas podrían caer en un proceso paulatino de deterioro institucional por abusos cometidos e incluso por violación de los derechos humanos.

Si analizamos con detenimiento lo ocurrido en México, el incremento del crimen organizado es síntoma de la debilidad del Estado. Del mismo modo, los problemas de inseguridad en Ecuador no tienen que ver solamente con la crisis que golpea a fuerzas del orden, fiscales o jueces. El problema está en la debilidad y no vigencia plena del Estado de Derecho.

La posible intervención de las FF.AA. en asuntos de seguridad interna no debería ocultar la crisis institucional que sufrimos, así como las serias falencias, desconocimiento y falta de preparación de las autoridades del régimen. Por allí hay que empezar.