Un sistema de seguridad social entra en coma cuando sus ingresos y sus reservas no son suficientes para cubrir sus obligaciones presentes y, especialmente, las futuras. El caso ecuatoriano es ese. El IESS ha empezado a utilizar sus reservas para pagar servicios presentes, reservas que declinarán permanentemente si no se toman correctivos inmediatos. Al utilizar las reservas, porque los ingresos no son suficientes para cubrir las prestaciones, es imposible que esas reservas, indispensables en cualquier sistema de seguridad social, se fortalezcan, se cae en un círculo vicioso que descapitaliza al sistema y lo pone en coma.
Cuando el gobierno del presidente Correa -y la Asamblea, cuya mayoría aplastante sólo obedecía-, modificaron la ley para eliminar la obligación del gobierno de aportar el 40%, condenó al IESS y al Fondo de Pensiones a su descapitalización, contraponiendo irresponsable e interesadamente lo que es liquidez con la necesidad de formación de reservas. Legislar disponiendo, retóricamente, que el Estado asumirá los pagos cuando los recursos del Fondo de Pensiones sean insuficientes, fue irresponsable de irresponsabilidad absoluta. En pocos años tendría que hacerlo siempre de manera creciente, porque al no disponer de excedentes, el déficit será mayor, con lo que en el presupuesto del Estado, que deberá pagar 1 800 millones al comienzo, deberán asignarse montos mayores cada año, con los que no podrá contar ningún gobierno.
Trasladar recursos del Fondo de Pensiones para asumir pagos de Salud lo descapitaliza más y es tapar un hueco abriendo uno mayor.
No hay estudio que no considere indispensable medidas urgentes y las explicaciones de la Administración lo único que hacen es contradecir lo obvio, sin argumentos válidos. No es necesario ser actuario ni especialista para saber que si el IESS sigue en este camino colapsará más temprano que tarde. Y el colapso de los sistemas de seguridad social son los únicos que pueden quebrar a los países. De cualquier contingencia se reponen, pero la crisis de los sistemas de pensiones acaba con la economía, a más del drama social que afecta a los más desvalidos, los ancianos.
Otra vez por sentido común, si cada vez hay más personas que se jubilan –o que tienen derecho a la jubilación-, hay más necesidad de que el Fondo de Pensiones sea bien financiado para tener reservas. Y si cada vez la proporción de personas mayores de 65 años es mayor que las que aportan, las necesidades crecen exponencialmente.
Reforma urgente en la ley para reponer el 40% de aporte del Estado, reposición de los 2 900 millones eliminados arbitrariamente, restitución de los recursos trasladados a Salud del Fondo de Pensiones y respeto a las instituciones, que no pueden ser caja chica del Gobierno, y actuar con total transparencia, lo indispensables para evitar el colapso.
Columnista invitado