Enrique Echeverría

Seguridad para autoridades

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Recordemos. El 10 de septiembre de 2016, EL COMERCIO hizo pública una información sorprendente: militares adoctrinando a civiles para frenar las movilizaciones.

En las fotografías, en efecto, aparecen civiles recibiendo lecciones. A uno de ellos se le identifica como Rodrigo Collaguazo, asambleísta alterno de Alianza País. Este asambleísta explicó que se trata de una especie de encuentro; que están haciendo ejercicio, pero no más allá.

Algún interesado -poniendo carita de yo no fui- dijo que era solo “picnic” . El 15 del mismo mes, el exministro de Defensa, Gral. (sp) Oswaldo Jarrín, expresó: “El pueblo ecuatoriano no es idiota para no entender que se quiere crear una fuerza paramilitar con civiles”.

Estos “picnics” parecen concordar con un proyecto de ley que estaba dormido en la obediente Asamblea y hasta se pensó que la cuestión estaba olvidada. Pero pocos días atrás, con la misma velocidad de rápidos y furiosos que utilizan para sancionar a periodistas, periódicos, canales de TV y emisoras de radio, reaparece el dormido proyecto y se ha convertido en Ley, como Código de Entidades de Seguridad Ciudadana.

Es evidente que los altos funcionarios merecen protección especial, pero de allí a formar un pequeño ejército de civiles escogidos por el Ejecutivo para que les presten protección, hay contradicción cuyos resultados pueden ser peligrosos.

¿Cuántos serían catalogados como “alta autoridad”? No solo el Presidente, el Vice, los ministros, sino también los legisladores, alcaldes, jueces y fiscales de lo penal, gobernadores de provincia, etc, merecerían un pequeño pelotón armado que cuide su seguridad.

Generalmente, los autores de la violencia son subalternos; y todo quedaría disculpado con la afirmación de que actuaron ante un “golpe de estado”, en desarrollo; o por legítima defensa. Así se originaron, en Alemania nazi, las fuerzas de choque que degeneraron en la Gestapo, autora de masacres humanas. Así, los represores de Mussolini. Así, los que hoy reprimen a los opositores de Maduro en Venezuela. Así, los “tonton macoutes”; y, hoy, los sembradores de muerte en Siria.

La seguridad está encargada a los militares y a los policías, por disposición de la Constitución de la República, que la aplican o interpretan conforme a criterio o conveniencia.

Militares y policías siempre, y también en estos diez años de gobierno de Alianza País, han prestado protección a los altos funcionarios. Cuentan con personal especializado que ha dado muestras de grande eficacia; una, muy relevante, el rescate del presidente Correa quien, en actitud del todo imprudente, sabiendo que en el Regimiento Quito estaban con ánimo enojado, fue a desafiar abriéndose la camisa y exponiéndose a que le maten.
Impugnarán esta ley ante la Corte Constitucional. ¡Ahora te quiero ver, escopeta!