Escenas de dolor atraviesan los 53 jóvenes que fueron detenidos luego de su participación en las protestas originadas el 17 de septiembre.
La preocupación aumenta en los jóvenes y sus familiares a medida que las vías legales que les quedan para salir de la cárcel se agotan. La semana pasada la Corte Provincial de Pichincha negó el recurso de hábeas corpus. Ahora las alternativas que les quedan es el pago de una posible fianza, ir a una instancia de conciliación o, posiblemente la más efectiva, pedir perdón al Presidente la República.
Lo lógico sería que en lugar de pedir perdón, humillarse o ponerse de rodillas, como parece que le gusta al Primer Mandatario, los jóvenes y sus familiares exijan justicia. Es decir, confiar en los canales institucionales que existen para ello y en la independencia de la justicia. Sin embargo, hay razones que impiden hacerlo así.
La justicia en el Ecuador no es independiente. Está secuestrada por el Ejecutivo. El referente no es la Constitución de la República y todo el marco jurídico vigente sino los dictámenes que vienen de Carondelet. Lo paradójico y contradictorio de esto es que esta pérdida de la independencia del Poder Judicial se da cuando la misma ciudadanía votó en la consulta popular del 2011 a favor de que el Presidente de la República “meta mano en la justicia”. Por consiguiente, lo que está sucediendo actualmente en el Ecuador no solo se explica por el abuso y extralimitación de funciones del oficialismo sino por la concupiscencia de la gran mayoría de ecuatorianos.
Lo que ahora estamos viendo con los estudiantes que participaron en las protestas, así como lo ocurrido con periodistas, líderes sociales o dirigentes indígenas que se han manifestado como críticos del Gobierno es el producto de la crisis institucional que vive el país. Los diferentes poderes de control, entre ellos el sistema de justicia, no existen. Funcionan en relación de ese poder centralizado.
La ciudadanía, en lugar de ser más activa y crítica del poder, está sensiblemente erosionada. En unos casos cooptada y en otros dividida, incluso atemorizada. De allí que, ante la pérdida de independencia del poder judicial, una de esas vías sea pedir perdón a ese poder omnímodo que representa el Presidente de la República.
Todo esto es explicable cuando constatamos que el problema central que viven los ciudadanos en el Ecuador no solo es un vacío de voluntad sino vacío de sentido. Eso pasa cuando se tiene una sociedad atemorizada y cohibida. Una sociedad de siervos o vasallos.
Y, por otro lado, en lugar de tener un poder político que gobierna y actúa para dar instrumentos de análisis e interpretación a los propios ciudadanos para manejarse en medio de este vacío de sentido, lo que se ha hecho es generar instrumentos de control, dominio y sometimiento.
He ahí la razón por la cual los ciudadanos no exijan justicia sino vean que la mejor alternativa sea pedir perdón.