Sebastián Mantilla

La salida de Dilma Rousseff

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A la severa crisis económica que atraviesa actualmente Brasil, se suma desde la semana pasada una crisis política que se ha dado a partir del juicio político en el Legislativo y la separación temporal del cargo de la presidenta Dilma Rousseff.

Aunque prácticamente se ha cumplido con lo que establece la Constitución de la República para los casos de juicio político (‘impeachment’) a un presidente, no deja de llamar la atención si lo actuado por el Congreso y el Senado ha sido forzado y con ciertos vicios de ilegalidad.

Sin irnos muy lejos, esto se asemeja a la destitución de otros presidentes de la región, como Manuel Zelaya en Honduras (2009) o el exsacerdote Fernando Lugo en Paraguay (2012).

Aníbal Pérez-Linán, reconocido politólogo, cataloga a este tipo de acciones parlamentarias como “nuevo patrón de inestabilidad”. Los juicios a los presidentes han implicado el uso de instrumentos constitucionales para remover políticos impopulares, ya sea por estar directa o indirectamente implicados en casos de corrupción, ser responsables de un mal manejo de la economía o descender significativamente en los índices de popularidad y aprobación.

Esto no se queda allí. Hay otros criterios que se han hecho públicos en días recientes de que la separación temporal de Rousseff se dio por su condición de mujer.

El caso de Dilma es sugerente. Sugerente porque no ha sido acusada de corrupción sino por “maquillar las cuentas públicas”. No obstante, pesan por otro lado acusaciones de corrupción que ha formulado la justicia de Brasil contra su mentor Luiz Inácio Lula da Silva dentro del caso ‘Lava jato’; se identifica a Rousseff como la principal culpable de la crisis económica; sus niveles de aceptación han caído a menos del 8%.

Sin querer minimizar lo sucedido en Brasil, si en este país prevaleciera un régimen parlamentario (como en la mayoría de los países europeos) la salida de Rousseff no sería un asunto para alarmarse. En Europa son las mayorías existentes en el Parlamento las que ponen o quitan primeros ministros. Por ello, si este atravesara por un periodo crítico un su gestión y en consecuencia pierde el apoyo del Congreso, tendría necesariamente que irse para su casa.

Sin embargo, todo esto resulta polémico no solamente porque Rousseff ha protegido a Lula da Silva y ha dificultado la acción de la justicia, sino que incluso el actual presidente interino de Brasil, Michel Temer, ha sido mencionado en el caso ‘Lava jato’.

Pese a la presión que existe ahora a nivel interno y externo, particularmente por los seguidores del Partido de los Trabajadores (PT) y de los presidentes de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua, Brasil tiene que salir de esta delicada situación por sus propios fueros. Por salvaguardar el proyecto político de las izquierdas, no se puede dejar impune a quienes presumiblemente han cometido casos de corrupción, valiéndose de los principios y de los valores democráticos.