Estados Unidos atraviesa por una delicada crisis humanitaria. Desde octubre del año pasado cerca de 50 000 niños cruzaron la frontera de manera irregular. ¿Cuál es el motivo? Huyen de la pobreza y la violencia existente en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Miles de inmigrantes centroamericanos que viven actualmente en los Estados Unidos atraviesan por un dilema: permiten que sus hijos sigan en sus países de origen, donde son víctimas de la miseria, la droga y de las pandillas, u ofrecerles la posibilidad de un futuro mejor en los Estados Unidos.
Pese a los riesgos y costos que implica dejar en manos de “coyotes” y extraños a los menores de edad, miles de inmigrantes siguen corriendo el riesgo. Acabo de leer una noticia sobre este tema en El País. Allí se recoge un testimonio. Brenda Alonso, inmigrante sin papeles que vive desde el 2012 en Maryland (Washington D.C.), cuenta su situación: “En Guatemala pasan cosas que no tienen que pasar. Allá la droga está por todos lados. Las niñas sufren, son violadas. Por eso me los mandé a traer”.
Así como esta persona hay miles de casos parecidos en Centroamérica. Si no son víctimas de las Maras (pandillas), la inseguridad y la droga, son el resultado Estados frágiles, donde la carencia de fuentes de trabajo, la distribución inequitativa del ingreso, la ausencia de políticas sociales integrales y la débil institucionalidad son gravitantes. Esto ha hecho que varios países centroamericanos se hayan convertido en los últimos años en exportadores naturales de inmigrantes.
Por esta razón, buena parte de la solución de esta crisis humanitaria que vive actualmente Estados Unidos pasa por las decisiones que deberían tomar a nivel de Estado en los propios países centroamericanos. De allí que, en lugar de endurecer la política migratoria y aumentar los controles en las fronteras, se debería mejorar las condiciones económicas y sociales de los países de donde provienen las grandes oleadas migratorias.
No obstante, el gobierno del presidente Barack Obama ha recurrido a medidas exclusivamente policíacas como la creación de nuevos centros de detención y controles en la frontera. De igual modo, se ha confirmado que el presupuesto destinado a la “Iniciativa de seguridad Regional Centroamericana” llegará a cerca de USD 161 500 millones.
Esto, sin duda, va en sentido contrario de los anuncios hechos por Obama en el 2012 de reducir la presión expulsiva y defender el proyecto de ley migratoria que permitiría la regularización masiva de cerca de 11 millones de indocumentados.
El papa Francisco, a tono con esta crisis humanitaria que se vive, ha expresado que la “expulsión inmediata” no es la forma más adecuada de enfrentar el problema. Se requieren “soluciones globales que pasan por poner en marcha políticas de desarrollo en los países de origen”, para lo cual es necesaria la participación de la comunidad internacional.