Miguel Rivadeneira

Santos de la corrupción

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Lo peor que le puede pasar a una sociedad es la falta de transparencia y la manipulación política en temas delicados relacionados con la contratación pública, que derivan en corrupción e impunidad. Es grave la destrucción de la institucionalidad y la complicidad de los entes de control. Eso facilita el cometimiento de irregularidades y la imposición de la versión oficial como la única válida, aunque se usen mentiras.

La democracia y un gobierno se fortalecen con la transparencia y la apertura para que no se manipulen los hechos porque no hay crimen perfecto y tarde o temprano se descubren las cosas, aunque en política y en materia de corrupción se niegan hasta el final las acusaciones. Se pueden dilatar y tapar las cosas un tiempo con la ayuda de las estructuras del Estado pero muy difícil, todo el tiempo.

El escándalo por el caso Odebrecht, admitido por sus ejecutivos de haber entregado en coimas USD 33,5 millones en el Gobierno anterior, ha puesto en juego la investigación penal, que debiera hacerse sin cálculos políticos ni temores a las autoridades que estarían involucradas. Todos los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero las pruebas deben llevar a armar el rompecabezas, sin exclusiones de nadie. No puede haber santos de la corrupción, que casi pasan a los altares, cuando existen presunciones y conexiones con familiares directos de altas autoridades. Hoy casi no saben nada. Los desconocen luego de haber trabajado muy cerca por años y ser socios en empresas.

De investigaciones de casos de corrupción, las empresas, no todas por cierto, que buscan ganar contratos con el Estado como sea se aseguran muy bien con sus contactos, vinculados a una administración o familiares de quienes ejercen altas funciones públicas, y no entregan coimas si no les garantizan resultados concretos en sus objetivos. No es creíble la versión cuando los presuntos involucrados niegan sus relaciones políticas o de sangre. ¿Si no fueron ellos, quiénes ayudaron para conseguir los contratos? Niegan contactos con la constructora pero admiten viajes a Brasil para hablar con financistas de las obras, que finalmente ejecuta la misma empresa.

Lo grave es que los organismos de control no funcionan a cabalidad. El Consejo de Participación Ciudadana ha fracasado e incumplido el mandato constitucional de la lucha contra la corrupción. En la Contraloría, su titular, cuestionado por sus actuaciones, sale del país y pretende manejar a control remoto a pesar de que encarga el despacho y por tanto no está en funciones. En la Asamblea, mientras se debate este caso de corrupción, una oficialista se dedica a revisar un catálogo digital de joyas y cuando se difunde el hecho, porque un funcionario público está expuesto en la vitrina pública, cambian las reglas y pretenden limitar el trabajo del mensajero.

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