Andrés Vallejo

Sanciones a asambleístas

valore
Descrición
Indignado 2
Triste 1
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 65

Columnista invitado

Si la Ley Orgánica de la Función Legislativa sólo se refiriera a las normas disciplinarias, a la mordaza que tienen los legisladores en su actuación, hasta podrían generar sonrisas. Pero, a más de que trata a los asambleístas como niños y pretende educarlos con base en sanciones, mantiene disposiciones que por lo perniciosas hay que reformar con urgencia. En eso deberían empeñarse sus integrantes, prescindiendo de su ubicación política, por su dignidad, su libertad y por el bien del país, sometido a normas inconvenientes para aprobar las leyes.

Lo que pasa con los legisladores,que son castigados por el Consejo de Administración Legislativa - a Ana Galarza por decir que el CAL se arrogó funciones al no calificar el juicio político a Glas, a Cristina Reyes por decir que era un consejo de alcahuetes y a Augusto Espinosa por calificar de irrelevantes las opiniones de otra legisladora-, revelan, en primer lugar, el absurdo de que no sea la Asamblea la que ejerza sus funciones fiscalizadoras y que sea el CAL, alcahuete o no, el filtro que permite o no esa elemental rendición de cuentas que deben hacer los funcionarios públicos. Después, hay que preguntar si la pretensión es reemplazar la franqueza, valentía y responsabilidad que debe caracterizar a un diputado por normas de urbanidad que no molesten o sonrojen a los demás. Descontar sus remuneraciones por atrasarse o no estar todo el tiempo en la sesión es equipararles a niños malcriados. Estas disposiciones convierten en subalternos a los legisladores, en empleados que deben cumplir horarios. Pierden categoría, indispensable para un buen desempeño. Es tan preocupante como que se mantengan normas absurdas para la aprobación de las leyes, en donde no es el Pleno de la Asamblea el que realmente las aprueba, aunque lo haga formalmente.

Los proyectos de ley son conocidos por las comisiones que informan al Pleno para el primer debate, en el cual se recogen observaciones que regresan a la Comisión, en donde su Presidente las acoge o no. La Comisión elabora el informe final y éste se conoce en la Asamblea, que lo aprueba o lo niega, sin discutir ni conocer artículo por artículo, como lo exigen las elementales normas de acierto y coherencia. Si un legislador está de acuerdo con un contenido de la ley y no con otro, si da su voto afirmativo tiene que hacerlo también por aquello con lo que no coincide, y viceversa. Así, quienes realmente aprueban las leyes son los miembros de la Comisión que presenta el informe y su todopoderoso Presidente.

Debería ser prioridad de los legisladores reformar su Ley, para acertar en su cometido, para fiscalizar oportuna y eficientemente, para que se aprueben las leyes con discusión responsable y para evitar que a pretexto de buena educación, se castren sus iniciativas y la valentía, franqueza y decisión con que deben actuar.