Lolo Echeverría Echeverría

La comparsa de Castillo

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Los inquisidores dictaron su sentencia inapelable y el diario sancionado deberá pagar otra multa. El delito era evidente para los inquisidores: el diario decidió que no era noticia el informe de labores del Alcalde de Loja. Cometió un pecado de omisión y los inquisidores vigilan no solo los pecados de acción como poner un titular que, según ellos, no concuerda con el contenido de la noticia, sino también los de omisión como dejar de publicar un aburrido y propagandístico informe de labores de un funcionario amigo del Gobierno.

La omisión de cualquier noticia de interés público está sancionada por la Ley de Comunicación aunque no se sabe qué, exactamente, significa “interés público”. La Corte Constitucional les ordenó a los inquisidores que definan interés público y no lo han hecho. Uno de los miembros del Santo Tribunal dice que es “todo lo que le afecta (al ciudadano) en su proyecto de vida”. Como lleguen a poner esto en la ley estamos hechos, pues en lugar de esclarecer algo, nublaría más su contenido.

Aunque no haya reglamento, los inquisidores ven con claridad: “interés público” es interés del Gobierno, interés del Gobierno es interés del Presidente. Lo contrario merece castigo. Por ejemplo, era de interés del Gobierno publicitar un homenaje que recibió en Chile y delito no destacarlo adecuadamente. Los amigos del Gobierno también lo entienden así, por eso el Alcalde de Loja, amigo del Gobierno, se quejó a los inquisidores porque un diario no había publicitado adecuadamente su informe de labores y ellos castigaron inmediatamente la omisión.

¿Será posible publicar todas las noticias de interés público? Claro que no. La misma semana que la prensa omitió el informe de labores del alcalde Castillo, omitió también la noticia sobre un nuevo crédito de China que incrementó la deuda pública a la friolera de 34 000 millones de dólares. Los inquisidores decidirán qué se publica, por algo fueron periodistas en su vida terrenal.

Los informes de labores aparentan un plausible ejercicio democrático, pero se han reducido a programas casi de farándula con gastos suntuosos, criticados por el propio Gobierno. Se trata de un ejercicio de exhibir lo mejor y ocultar lo peor, en un clima de autoalabanza y publicidad, todo pagado con dinero público. Nada queda de la transparencia democrática.

Quienes eligen a los funcionarios son los que deciden cómo tomarles cuentas. En este sentido el alcalde Castillo y todas las rendiciones de cuentas actuales son una especie de tórtolas contra las escopetas. Una aberración, que los inquisidores obligan a que se publique. Los medios solían ser quienes tomaban cuentas en nombre del ciudadano; entonces los funcionarios sudaban frío y evadían a los medios. Ahora son los altaneros funcionarios quienes obligan a los medios a participar en la comparsa como priostes obligados.