Cuando el 1 de junio el izquierdista Salvador Sánchez Cerén asuma la Presidencia de El Salvador, encontrará graves grietas en la tregua entre las pandillas delictivas, que gestionó el Gobierno saliente y que por dos años mantuvo contenida la criminalidad.
El pacto vive su momento más crítico desde su gestación en marzo del 2012, con el resquebrajamiento de la tregua, aunque no su ruptura, al menos por ahora.
“En la medida en que se debilita el diálogo, aumenta la violencia, y las nuevas autoridades tendrán que tomar la decisión de que el proceso de paz entre pandillas continúe”, dijo uno de los dos mediadores de la tregua, Raúl Mijango. El otro fue el obispo católico castrense Fabio Colindres.
Sánchez Cerén, dirigente del exguerrillero y gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no ha querido profundizar en la nueva espiral de violencia ciudadana, ni tampoco otros miembros de su equipo. El Presidente electo fue vicepresidente del gobierno saliente de Mauricio Funes.
Pero durante la campaña electoral que concluyó con su victoria el 9 de marzo, el entonces candidato dijo que enfrentará ese fenómeno con lo que llamó la “mano inteligente”, una mezcla de represión y prevención .
Hasta la llegada de Funes, en el 2009, la estrategia contra la delincuencia fue de mano dura, bajo los sucesivos gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó el país desde 1989.
Al nuevo Gobierno le urge reducir los homicidios. No solo porque es una exigencia de la población, sino porque este año arranca la campaña electoral para los comicios de alcaldes y diputados del 2015, y el alza de los crímenes va contra los candidatos del FMLN.
La Mara Salvatrucha y el Barrio 18, las dos principales pandillas del país, pactaron hace dos años cesar las agresiones mutuas y a civiles, policías y militares. El Gobierno, a su vez, accedió a trasladar a prisiones menos restrictivas a los líderes de los dos grupos .
Desde entonces, los asesinatos cayeron en promedio de 14 a cinco por día. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó en mayo que durante 2012, la tasa de homicidios salvadoreña cayó a 41,2 por cada 100 000 habitantes contra los 69,2 por cada 100 000 del año precedente. Pero desde febrero de este año, paulatinamente la criminalidad se recrudeció y el promedio diario de asesinatos ronda actualmente los 10.
Más del 50% de los homicidios que se cometen en El Salvador se achaca a miembros de las pandillas y 35% de las víctimas pertenece también a esas bandas criminales. Se calcula que hay unos 60 000 pandilleros en este país de 6,2 millones de habitantes.
Para Mijango, la crisis que enfrenta la tregua la comenzó el Ministerio de Justicia, cuando durante la campaña electoral desvinculó al Gobierno del papel de “facilitador” que ejercía y mediante el cual los pandilleros presos tenían comunicación con sus secuaces en libertad para transmitirles lineamientos.