Pablo Ortiz García

Salud en retirada

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17 de May de 2013 00:02

La salud, a la que hasta cuando se estornuda se la menciona, podría quedar en simple añoranza, si se aprueba el proyecto de nueva Ley de Seguridad Social. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución, "la salud es un derecho que garantiza el Estado". No sé hasta qué punto esta disposición se respete si al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se lo deja prácticamente fuera del juego. En la normativa propuesta, la aportación del 13,15% que los afiliados entregarían a la seguridad social pública, se la destinaría, fundamentalmente, para atender los servicios de invalidez, vejez y muerte, no para cubrir los riesgos de enfermedad. Esto significaría que se abandona la protección de la salud, tema prioritario en una población joven como la ecuatoriana a la que hay que cuidar.

Según el proyecto de Ley, la salud pasaría a manos del Ministerio de Salud. En otras palabras, solo habría una institución pública encargada de regular, administrar y gestionar la salud. La Constitución ( art. 363) prevé como responsabilidad del Estado "formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud". El IESS con muchas imperfecciones lo ha hecho algo mejor que los hospitales pertenecientes al Ministerio, por lo que ahora, el Ejecutivo no solo dictará las políticas en salud, sino que será el único en implementarlas, eliminando de estas labores al Seguro Social que sí ha colaborado, sobre todo atendiendo a una población de ingresos bajos y medios.

Todo estará en manos del Ministerio que deberá expedir programas preventivos para combatir enfermedades, ¿lo hará de forma efectiva? Si la salud se transfiere al Ejecutivo, formulo una pregunta: ¿cómo pagaría el Estado la infraestructura de salud de propiedad de los afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Un dato que hay que tener en cuenta, es que la deuda del Estado con el IESS en concepto de salud, es elevada, la que se incrementaría a límites impensados de expedirse este proyecto de ley. El IESS, como administrador de temas de la salud ha tenido muchos errores, pero algo de culpa recae en el Ejecutivo, toda vez que sus aportes los cancela tarde, mal o nunca, y cuando paga lo hace en bonos, impidiendo la ejecución de programas de salud necesitados de dinero en efectivo, no de "papelitos".

El Ejecutivo debería considerar si constitucionalmente puede asumir este reto; y, por otro lado, si económicamente le dan las cifras, ya que no solo debe "comprar" la infraestructura del IESS, sino que debe invertir ingentes cantidades de dinero para que la población joven llegue en buenas condiciones de salud a la vejez.

Y para que los viejos de hoy, tengan acceso a servicios médicos mañana.