Juan Cuvi

¿Qué salud queremos?

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30 de January de 2014 00:01

El viejo refrán de que por ver el árbol no se ve el bosque cae de película para entender la disputa por el artículo del Código Orgánico Integral Penal, COIP con que el Gobierno busca arrinconar a los médicos.

Centrarse con tanto empecinamiento en los aspectos judiciales del conflicto nos distrae del problema de fondo: cuál es el modelo de salud que requiere nuestra sociedad.

Y no es que las amenazas al ejercicio profesional no tengan importancia, ni que la lucha del personal médico carezca de fundamentos, ni que la arbitrariedad del oficialismo genere sospechas. Todos estos puntos deben ser tomados en cuenta. Pero el asunto de fondo exige un enfoque que trascienda la fragmentación con la que se está planteando el debate.

En una reciente publicación (Estado, Régimen y poder, 2013), auspiciada por la Internacional de Servicios Públicos, un nutrido equipo de académicos y dirigentes sindicales de Ecuador y Venezuela realizan un profundo análisis de los procesos políticos en ambos países. Se centran básicamente en dos sectores: hidrocarburos y salud. Aquí nos interesan las conclusiones respecto del segundo sector.

Según el mencionado estudio, en Venezuela se intentó contrarrestar la decadencia del sistema público de salud a través de las Misiones, que constituyen una política paraestatal manejada directamente desde la Presidencia de la República.

Ante la imposibilidad de responder a la creciente demanda de servicios desde la esfera pública, se establecieron acuerdos con el sector privado para cubrir esta insuficiencia.

En el fondo, la estrategia respondió a una concepción asistencialista de la salud que asegure réditos político-electorales. En la práctica, esto ha provocado que la gigantesca inversión pública termine en las arcas empresariales, a tal extremo que las clínicas privadas, durante la era chavista, han duplicado sus ganancias. "El sistema de salud ha sufrido una regresión hacia un enfoque curativo y medicalizado, con énfasis en la hospitalización", que termina por beneficiar a las transnacionales farmacéuticas.

La similitud con el Ecuador no es ninguna casualidad. De acuerdo con una investigación de Pablo Dávalos que recoge la publicación de marras, los cambios institucionales emprendidos no han hecho más que consolidar los procesos de mercantilización de la salud, beneficiando principalmente a empresas privadas proveedoras de medicamentos, equipos e insumos médicos; el autor afirma que "el 60% de la inversión en salud ha ido a las manos de no más de 65 empresas". En esta lógica, la gratuidad de la salud pública, consagrada en la Constitución, es una de las tantas ambigüedades con que rellenamos nuestros cuerpos legales: en realidad, todos estamos pagando, con nuestros impuestos y afiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, unos costosos servicios privados de salud.