Sebastián Mantilla

Sin salidas institucionales

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A los pocos días de haber sido declarado Hugo Chávez como oficialmente muerto y una vez que asumió la presidencia de la República Nicolás Maduro, muchos analistas en la región consideraron que el fin del proyecto político de la Revolución Bolivariana era inminente. Que era cuestión de semanas o meses. Sin embargo, han pasado más de tres años y Maduro se mantiene en el poder pese a que su país atraviesa por la peor crisis económica, social, política e institucional de su historia como república.

Eso también se pensó cuando la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) triunfó de manera amplia y contundente de los comicios legislativos de diciembre de 2015. Esa mayoría serviría para convocar a una Nueva Asamblea Constituyente, remover a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y, en suma, allanar el camino para la remoción de Maduro. No obstante, la oposición optó por impulsar un proceso de referendo revocatorio que, pese a sortear la barrera de Consejo Nacional Electoral (CNE), se ha quedado estancado justamente por el bloqueo protagonizado por el gobierno.

Esto ha llevado a que en las últimas semanas se hayan dado multitudinarias marchas de protesta protagonizadas ya no solo por la oposición sino por la ciudadanía en general. Ante la falta de canales jurídicos e institucionales que posibiliten una salida a esta crisis, lo más seguro es que esto se solucione en las calles. La liberación de varios presos políticos o la continuación del diálogo entre el gobierno y la oposición no son más que estratagemas que usa Maduro para ganar tiempo.

Venezuela está ante una situación de bloqueo político debido no solo del alto nivel de polarización y confrontación sino fundamentalmente a la falta de salidas institucionales. Es decir, el problema de que no haya forma de mover a Maduro del poder responde al diseño institucional realizado por el chavismo. De ahí nace la consigna aplicable no solo en Venezuela sino también en Ecuador de que, con la aprobación de nuevas constituciones y leyes, iban a quedarse en el poder por lo menos 20 años.

La democracia moderna no reside en la concentración del poder político en manos de líderes mesiánicos y populistas. Se trata, al contrario, de prevenir esa acumulación a través del equilibrio entre las diferentes funciones del Estado, protegiendo al ciudadano de esas invasiones del poder.
Lo que pasa en Venezuela y varios países bolivarianos es eso. Un proceso de transición y consolidación a la inversa. René Mayorga, en un reciente artículo sobre los regímenes bolivarianos, evidencia tres tendencias predominantes: involución hacia Estados autoritarios, de corte hiperpresidencial; subordinación plena de los congresos y poderes judiciales al ejecutivo, y; desmantelamiento del Estado de Derecho.
Con ese entramado institucional se hace difícil una solución al problema político que atraviesa Venezuela. Por este motivo, me temo que lo peor está por venir: mayor presión social y violencia.