Comprendida la bioética como “la aplicación de la ética a las ciencias de la vida”, en los tratados modernos sobre tal materia se incluye un capítulo relacionado con la ética en la conducción de la salud pública. Es así como se sustenta la afirmación que no cabe la impunidad en los casos que se atente contra “las condiciones mínimas de salubridad de una población, que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar y proteger”. Dados los efectos devastadores de la deficiencia de yodo (DY), entre tales condiciones mínimas se halla la obligación de yodar la sal de consumo humano.
Pese a las presiones de la comunidad científica nacional y de los organismos internacionales como la OPS/OMS y el Unicef, es tan solo a comienzos de la década de los ochenta que el Estado ecuatoriano asumió tal obligación. A partir de entonces el Programa de Control de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo (Pcddy) se ha mantenido como una política de Estado, en el entendimiento que si se dejara de contar con sal yodada en pocos meses estallarían los DDY, como sucedió en Guatemala.
El éxito del Pcddy es incuestionable, como así lo han calificado los organismos internacionales. La explicación para tal portento: haberlo mantenido como una unidad operativa, el haber contado con personal calificado y cuyo titular actuó con la firmeza de quienes tienen vocación de servicio. El apoyo político se mantuvo con el actual Gobierno. Cuando al Consejo de Comercio Exterior se le dio por tratar a la ligera la libre importación de sal, con el peligro de que nos invadiera sal no yodada, el presidente Correa frenó tal despropósito.
La excelente ministra del Frente Social, Jeannette Sánchez organizó un Comité Técnico Científico de Apoyo al Pcddy de supervisión de sus acciones.
Todo bien hasta que entró en escena una figura surrealista, la Dra. Wilma Freire. Fungía de asesora en Nutrición del Ministerio de Salud Pública. Desde cuando se incluyó en el mencionado comité, por razones inexplicables tanto el Pcddy como su director el Dr. Paco Canelos no le caían bien. Su malquerencia llegó al punto de sostener que “los trapos sucios se lavan en casa”. Tal será el poder de dicha asesora de Nutrición que el Comité fue disuelto y renunciado el director del Programa, pese a sus excelentes calificaciones.
Hoy dirige el Pcddy una ingeniera agrónoma. El Programa como unidad operativa ha dejado de existir. Los controles de la yodación de la sal ya no se los hace dos veces por semana a nivel de fábrica y los resultados se los reporta luego de meses, cuando toneladas han salido al mercado. Sal importada, sin yodo o con más de lo que se prescribe, se hallan en sitos de expendio. Nunca estuvimos tan mal. Un caso de atentado bioético a la salud pública. ¿Los protagonistas quedarán en la impunidad?