Sabuesos en Arizona

Semanas enteras de condena pública a la nueva ley de inmigración de Arizona no han logrado desentrañar las razones de fondo de una tendencia que se arraiga cada vez con más fuerza en los países desarrollados y con mínimo estado de bienestar: leyes antiinmigración. Ojalá fuera tan simple como mandar notas diplomáticas de protesta o hacer un réquiem por la movilidad universal. Pero la ley DS1070, la misma existencia de una gobernadora republicana tan extrema como Jan Brewer son sólo síntomas del problema: se ha calculado que el 70% de los inmigrantes ilegales pasan la frontera desde México a EE.UU. por Arizona, un tercio de los habitantes de ese estado que no tienen acceso a servicios de salud son inmigrantes ilegales y este estado gasta 2 000 millones de dólares anuales en servicios sociales solo para ellos.

Arizona ha estado históricamente habituado a esta situación, si no fuera porque la guerra del narcotráfico en México ha agudizado la situación en los últimos cinco años, con matanzas en la frontera y tráfico de armas y gente a diestra y siniestra. Por eso más del 70% de residentes estatales apoyan la ley. Ante esta situación, los gobiernos de México y el Gobierno Federal estadounidense se han quedado pequeños. Si a esto se une la terca resistencia del Congreso estadounidense de prohibir la venta indiscriminada de armas, la situación se vuelve más que absurda. Eso sin contar con el repunte del ala más conservadora del Partido Republicano empeñada en ‘blanquear’ la sociedad estadounidense impulsando iniciativas xenófobas y discriminatorias. Según el New York Times, hay cuatro estados –no precisamente fronterizos con México- tratando de pasar leyes similares, todos bajo dirección republicana. Así que al primer presidente afro de EE.UU. no le queda nada fácil luchar contra la ley de Arizona, sin ayuda de los republicanos razonables.

Pero no todo es una mala noticia. La presión social tanto del movimiento hispano como el de derechos humanos ha logrado que el camino se allane para que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de esa ley. Por otro lado, el boicot al turismo en Arizona terminará convenciendo a un Estado que necesita de ingresos para disminuir su déficit. Y el movimiento de presión puede lograr incluso que la reforma de inmigración finalmente sea discutida abierta y pluralmente en el Congreso, ya que ha estado relegada por años, ante la falta de un acuerdo bipartidista.

En cuanto a nosotros, antes de rasgarnos las vestiduras por esta ley deberíamos darnos cuenta que aquí en el Sur somos aún más insensibles que en Arizona, porque permitimos que coyoteros y usureros paseen libremente por las calles ofreciendo sus servicios de traslado al norte del Río Grande. Eso es también criminal porque la muerte está definitivamente anunciada y, nosotros lanzando piedras al Imperio.

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