León Roldós

Las decisiones sabatinas

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10 de September de 2014 00:05

Un colaborador del presidente Correa señalaba que no podía perderse las sabatinas, porque usualmente él expresaba algo que no había sido procesado en las instancias administrativas del gobierno, lo que los forzaba a recién preparar información sobre lo allí expresado y, sobre todo, a trabajar textos que se aproximen al querer presidencial, porque lo más seguro era que en los siguientes días ya reclamaba el proyecto de ley o de reglamento o de decisión o acción administrativa que se ajuste a lo por él expresado, de modo que en la siguiente o en la próxima sabatina podía darle continuidad.

Citemos algunos recientes.

1) El impuesto a la plusvalía predial. El Presidente lo plantea bajo la figura de que el Estado hace fuertes inversiones en infraestructura, quedando el beneficio a favor del propietario, con un exiguo impuesto a la plusvalía, llamado a las “utilidades en compraventa” en la antigua Ley de Régimen Municipal y en Cootad.

Por las mejoras de inversión pública se supone que debe haber una contribución específica –que es diferente a la plusvalía-.
El nuevo impuesto a la plusvalía se supone que una parte irá a los gobiernos seccionales y otra al Estado. ¿Con cuáles criterios? No se sabe.

2) La transferencia de parte de las utilidades de los trabajadores de las empresas privadas de telefonía celular al Estado. El 15% actual se dividiría en 12% para el Estado y 3% quedaría a los trabajadores, porque –se señala- que esas empresas usan el espacio cuya concesión la da el Estado. El castigo se presenta como indirecto: si a los trabajadores se les reduce del 15 al 3% su participación en las utilidades de las citadas empresas, deberían no protestar contra la nueva normativa, sino ir a reclamar incrementos de remuneraciones a las empresas en las que trabajan.¿Será posible obtenerlos?

3) El impuesto a la comida chatarra. Primero era para toda comida chatarra, en razón de aplicar a los ciudadanos la regla:” si ingiere comida chatarra que le cueste más”. Quizás, con más claridad, si la intención de un sujeto o una familia es caer en enfermedad o en riesgo de muerte, que pague cara esa intención. El impuesto financiaría hospitales, centros de atención y unidades para atenderlos en su morbilidad, producto del exceso de grasas, de calorías, de sal y de azúcar.

Pero, ¿realmente hay esa intención de los consumidores de enfermarse a riesgo de muerte? Creo que no, lo que hay es falta de información. Las nuevas etiquetas servirán parcialmente para aquello.

¿Y solo las cadenas de franquicias extranjeras tendrán la perversión de enfermar a los consumidores? Tampoco lo creo. Más aún, son miles de establecimientos de “comida chatarra”, con permisos del Ministerio de Salud, ¿se los van a quitar?, ¿o será suficiente el impuesto por cuasi envenenar a los consumidores?