Marco Arauz

Las sábanas calientes

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11 de December de 2011 00:35

La celebración, ayer, del Día Mundial de los Derechos Humanos encontró al Gobierno envuelto en una disyuntiva de la que le costará trabajo salir. Es el fruto de ejercer el poder en torno a una dicotomía: por un lado, afectar derechos de grupos y personas y, por otro lado, reclamarlos tanto a título personal como en nombre de una colectividad de la cual se siente su exclusivo representante.

Esa visión se ha permeado al plano externo, en donde el Gobierno también quiere manejar un doble estándar con organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. En la lógica del presidente Correa y de su entorno, el organismo ha sido bueno para ventilar los casos que no afectan su visión del poder pero no sirve cuando acoge los pedidos de ecuatorianos que sienten vulnerados sus derechos.

La incomodidad con la CIDH se sintetiza en el deseo, expresado en la reciente reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Caracas, de buscar otros organismos donde se resuelvan los temas de derechos humanos de la región.

Bajo esa perspectiva, la CIDH defiende una visión pro estadounidense. Y quienes han sido acogidos por ella para denunciar los excesos en el Ecuador están actuando contra la soberanía y contra el presidente. Ya se sabe qué tipo de gobiernos usan el nacionalismo y la teoría del enemigo externo para anular a quienes no se pliegan a sus visiones.

La realidad es distinta. Nadie desmiente que unos 200 líderes sociales, en su mayoría indígenas, han sido procesados por supuestos delitos de sabotaje y terrorismo cometidos mientras protestaban. Ellos consideran que ejercen el derecho constitucional a la resistencia, mientras que el Gobierno los acusa de vandalismo.

Son conocidos los juicios en contra de periodistas por opiniones o investigaciones que han sido judicializadas por el Presidente de la República, quien reclama su calidad de ciudadano para hacer valer sus derechos con prisiones y multimillonarias multas, pero ha usado sistemáticamente términos injuriosos para referirse a quienes considera sus opositores.

Hay otras acciones que pueden ser cuestionadas a la luz de los derechos humanos: una reforma judicial dirigida desde el Ejecutivo, un sistema forzado de renuncias de servidores públicos, un estándar poco claro para pronunciarse contra gobiernos represivos, unas acciones policiales que no garantizan la presunción de inocencia.

El Gobierno ha acumulado, poco a poco, las críticas de organismos internacionales de distinto origen y signo político. La última proviene de Amnistía Internacional, a propósito del juicio que sigue el Secretario de la Administración contra de la ex secretaria de Comunicación Mónica Chuji por haber dicho que era uno de los nuevos ricos.

¿Será una conjura mundial contra un gobierno respetuoso de los derechos? En este caso, la calentura sí está en las sábanas.