Paulina Garzón

La nueva ruta de la seda

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En el 2013 China anunció el plan más ambicioso de inter-conectividad transfronteriza en la historia: “La ruta de la Seda del Siglo XXI”, “Un Cinturón un Camino” (UCUC). Según el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado chinos, el UCUC apunta a promover “la filosofía de la eco-civilización y alcanzar el desarrollo sostenible”.

El UCUC establecerá una ruta terrestre y otra marítima para conectar China con Europa, África y Asia Sur-Este en donde se construirán puertos, carreteras, trenes, aeropuertos, oleoductos y gaseoductos, zonas de libre comercio, y más infraestructura. El UCUC incluye a más de 70 países, costará alrededor de USD 1 trillón y se ejecutará entre 30 a 40 años. Lógicamente, China es el principal financista del UCUC, y para ello ha creado el Banco Asiático para las Inversiones en Infraestructura (BAII).

Pero, ¿Qué tiene que ver el UCUC con América Latina? América Latina tiene una brecha de financiamiento en infraestructura en un rango de USD 170 a USD 260 mil millones, hay gran interés por mega-proyectos de infraestructura que vinculen a la región con China, y la “ruta de la seda” entre China y México ya existió siglos atrás.

En noviembre cuando el Presidente Xi Jinping visitó Ecuador, Perú y Chile, algunos anticipaban que anunciaría la incorporación de América Latina en el UCUC a través de la “ruta de la seda marítima”. Esto no sucedió. No obstante, varios proyectos con participación china y en línea con el UCUC ya están encaminándose: la modernización del “Panamá Colón Container Port”; el Canal de Nicaragua (por el momento detenido); el tren bi-oceánico; el Túnel de Aguas Negras (Argentina-Chile); y la propuesta de Chile de un cable de fibra óptica Trans-Pacífico. Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela ha pedido membresía en el BAII.

A pesar de su reciente creación (2015), el BAII ya ha incorporado mecanismos para facilitar la participación pública, como Salvaguardas Ambientales y Sociales, una Política de Información Interina, y está diseñando un Mecanismo de Manejo de Quejas. Todo esto es loable –recordando que al Banco Mundial le tomo 67 años implementar una política de acceso a la información- pero no suficiente. Así lo demuestran 87 ONGs asiáticas en una carta al BAII, en respuesta a la decisión del banco de financiar plantas de carbón (actualmente prohibidas en China por contaminantes). Si el BAII quiere ser un ‘Banco verde, debe… apoyar una transición rápida y justa a los sistemas de energías renovables y limpias… y poner fin a los combustibles fósiles y otras energías nocivas lo antes posible…”.

La sociedad civil latinoamericana tiene poco tiempo para conocer al BAII, los impactos económicos, ambientales y sociales del UCUC en otros continentes, y hacer un trabajo preventivo. Como dijo el Embajador de Perú en China “tarde o temprano todos los países latinoamericanos van a tener que voltear la mirada hacia ese nuevo organismo multilateral de financiamiento”.