Marcelo Ortiz

La ruralidad desde el poder

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Anunciada como Ley necesaria desde los primeros días de enero-2016, por fin la aprobó la Asamblea Nacional después de casi tres meses, y está publicada ya en el Registro Oficial de 14 de marzo. Ha nacido huérfana, porque no ha recibido aportes de las organizaciones campesinas y tampoco de los empresarios conocidos como Cámaras de Agricultura. Parece que la bonanza petrolera, de esta última década correísta, la ha dejado en segundo plano.

Un ámbito diametralmente opuesto fue la expedición de la Ley de Reforma Agraria hace 51 años, que tuvo auspicio abierto y económico de la OEA y del BID, tanto que el gobierno militar de esa época creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización conocido en lenguaje de las comunidades campesinas como el señor IERAC. Su autonomía tuvo respaldo financiero en el Presupuesto Estatal y una generación de jóvenes economistas asumió la responsabilidad de ejecutar planes agrarios como el de desaparecer los minifundios para que sean unidades productivas concurrentes al mercado. Esa época planificada tuvo como eje a la ínfima población de Santo Domingo de los Colorados -hoy llamada de Tsáchilas- con gran crecimiento al punto de ser una provincia autónoma. Un segundo avance se dio hace 22 años, en 1994 con la expedición de la Ley de Desarrollo Agrario.

Ni el actual ministro de Agricultura, ni ningún funcionario especializado han hecho comentario alguno, tal vez porque ocupa un lamentable segundo plano. Quizá por eso no han dado declaraciones siquiera de bienvenida a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y territorios ancestrales, recientemente expedida, como si sus funciones no lo ameritaran pronunciamiento al respecto; tanto más, que desde el poder absoluto presidencial correísta hay silencio.

No sucede lo mismo con los magníficos enunciados de su Art. 2º.que explican la función social y el cuidado del medio ambiente para lograr la soberanía alimentaria, y mejorar la productividad, así como la generación del trabajo familiar; este último aspecto implícito por lo ancestral que significa ser campesino con amor al cultivo agrícola para llevar productos al mercado y así generar el sustento familiar, y también los necesarios ahorros que pueden quedar para beneficio futuro, después de soportar todos los gastos. Esos son elementos conceptuales nacidos en el trabajo directo de las tierras bajo su dominio responsable, y por eso también otorga la seguridad jurídica a los propietarios titulares.

Así nació esta Ley, que esperamos cumpla los objetivos ancestrales porque es el sector agrícola quien ha tenido esas tareas desde siempre, lo cual podría hacer realidad el enunciado constitucional de la “soberanía alimentaria”.

mortiz@elcomercio.org