Rodrigo Fierro

Penalizar la mala gestión pública

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Debo recurrir al Diccionario de la Lengua Española con el fin de sustentar el pensamiento que me anima a escribir este artículo. Delito: “Culpa, quebrantamiento de la ley”. Penalizar: “Imponer una sanción o castigo. Tipificar como delito o falta una determinada conducta”. Es en el campo de la gestión pública en el que se dan quebrantamientos de la ley que deben ser tipificados como delitos y ser sujetos de sanción o castigo.

Las sanciones o castigos no deberían prescribir cuando los delitos hayan ocasionado daños graves a generaciones enteras, vulnerando derechos colectivos básicos, como el de la salud o la alimentación. Es mi reacción ante la quiebra que se anuncia de los recursos privados, de trabajadores y empleados, que fueron entregados al IESS para que los administre de manera segura y provechosa. Una forma de ahorrar en previsión de recuperar la salud cuando se la pierde o de una pensión cuando se deje de trabajar, por jubilación digamos, y otras prestaciones.

Si de previsión era el caso, estudios actuariales calificados y respetados fueron haciendo del IESS una institución sólida y promisoria. El ilustre actuario Ing. J. Rubén Orellana, allá por los inicios de los años sesenta, fue de esta opinión: “A este paso, luego de 50 años, la mayor parte de la riqueza del país estará en manos de los trabajadores. Habremos llegado a la justicia social”.

Han transcurrido 50 años ¡y en estos días se anuncia la quiebra del IESS! Golpe tras golpe, esa es la historia de la seguridad social en nuestro país. Quienes en su gestión pública delinquieron quebrantando las leyes que protegían las aportaciones de los que vivían de su trabajo, deben merecer castigo. Las víctimas, las de hoy y de mañana. Si las mafias le han llevado a México a ser considerado como un país inviable, en el nuestro son aquellos delincuentes los que nos han ido empujando a igual destino.

¿Por qué la Asamblea Constituyente?, se pregunta Enrique Ayala Mora en la propuesta que hace al país. “Derrotar al autoritarismo”, de acuerdo. Se requiere de más para que seamos un país viable: un cuerpo de leyes que penalice los delitos que se cometen en la gestión pública. Con una justicia independiente, bajo los dictados de la ley, ya se vería como desaparecen de la política ecuatoriana esos delincuentes, uno de los cuales hasta pretende llegar a la Presidencia de la República.

Dadas las circunstancias que vivimos, al borde del abismo, se impone la necesidad de contar con un abanderado de ese ideal: “Justicia social con libertad”. Alianzas y acuerdos, entre nosotros, como si la civilización y la barbarie decidieran compartir responsabilidades. Con aquel abanderado, un caudaloso río de voluntades resueltas a conducirle al país por el camino del imperio de la ley a la justicia social, con libertad, hacia el progreso.