Diez partidos y movimientos políticos han alcanzado un acuerdo inédito en democracia; dejando de lado las diferencias, han firmado el “Acuerdo Nacional por Elecciones Transparentes 2017”.
Resulta extravagante, para decir lo menos, pedir elecciones transparentes. Se parece al cartel pegado en la calle de un pueblo que dice: “Señor ladrón, no robe en este barrio”. Manipular las elecciones, de cualquier modo, es un delito aborrecible. Es ocioso acordar lo que la ley exige bajo pena de castigo.
Si se ha llegado al acuerdo casi unánime, solo faltaron el MPD y Alianza País, para pedir transparencia a las autoridades electorales, significa que hay duda razonable entre quienes desean participar en las elecciones. Claro que vivimos tiempos en los cuales los pájaros amenazan a las escopetas. En Venezuela, por ejemplo, el gobierno de Maduro exige a los participantes la firma de un acuerdo para el respeto de los resultados; como si no exigiera eso la ley.
Al examinar los pedidos de partidos y movimientos en Ecuador, no cabe sino constatar que estamos lejos de cumplir los mínimos en materia electoral. Se pide depuración del padrón, participación de expertos delegados por los partidos, garantía de auditoría externa independiente, control del gasto público en la campaña, equidad en la publicidad electoral, presencia de observadores electorales de la Unión Europea, participación de los partidos y actores políticos en el proceso de reformas al Código de la Democracia y la reglamentación electoral planteados por el CNE y el TCE (Tribunal Contencioso Electoral); en suma, se pide transparencia en el proceso, desde el registro de partidos hasta la proclamación de los resultados y las impugnaciones.
La depuración de los padrones se viene pidiendo desde que tenemos memoria política. Los sistemas de levantamiento y depuración de bases de datos son tan avanzados que se utilizan para cobrar impuestos, pagar pensiones, entregar bonos y detectar evasores y deudores; resulta inadmisible que el padrón electoral siga, por conveniencia, incluyendo a los muertos.
Si hay desconfianza, es un hecho político destacable que partidos y movimientos se unan para exigir transparencia. No hacerlo sería poner al país en riesgo de incurrir en cosas similares a las de Venezuela, donde se enturbia el proceso hasta extremos escandalosos. No se permite la presencia de observadores sino de “acompañantes” de países amigos con el compromiso de no emitir opinión alguna y se acaba de extender la emergencia en las fronteras hasta más allá de las elecciones. Aunque las encuestas anticipan una derrota abrumadora del oficialismo, más de 30 exmandatarios de América Latina y España suscribieron el llamado Acuerdo de Bogotá en el cual demandan que se permita observadores independientes en el proceso electoral del próximo 6 de diciembre en Venezuela.
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