10 de January de 2011 00:00

Revocatoria del mandato

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El abuso de la revocatoria del mandato suscita preocupaciones, pero el presidente Correa puede tener razón de que no se debe temer su aplicación, por abusiva sea. ¿Pero a qué costo los ciudadanos aprenderían que el mal uso de una norma válida, terminará por agotarla? Los principios, en la vida social, se aplican en condiciones que deben ser explicitadas y con procedimientos establecidos, sino serán objeto de contradictorias interpretaciones, pierde así valor el principio. No porque la ciudadanía puede elegir al Presidente y, por lo mismo, puede retirarle el mandato, que se lo puede hacer sin ton ni son. En cambio, en el caso de destitución del Presidente, seguros que muchos abusarían de la norma, definimos causales precisas para ello. La experiencia nos llevó, en esto, a ser prudentes y a frenar así la inestabilidad.

Los alcaldes, todos los electos, tienen razón de preocuparse que una norma tan general sirva para el abuso, sin reales justificaciones para la revocatoria. Es preocupante regresar a la inestabilidad de los gobiernos locales de los 80. La Constitución del 78, para frenar los caudillos, estableció mandatos de un período y renovación a los dos años de los electos en listas pluripersonales. Los electos no tenían tiempo de hacer gran cosa que ya debían preocuparse de nuevas elecciones para otro puesto, Ecuador pasaba en la contienda electoral y consumiendo ingentes recursos útiles para nuestras urgencias. En principio, no habría que temer a las consultas populares, pero si numerosa es la democracia que así se agota, al volverla ineficaz y costosa (más de cien consultas). Este es un principio, en cambio, que no se asume en la vida pública, la necesidad de ser eficaz con la modestia y la parsimonia que debe comandar nuestra pobreza. Tendemos a hacer de la democracia un proceso de nuevos ricos. ¿Una consulta más? ¿Qué importa si el pueblo se pronuncia, aunque no haya razón para hacerlo? Pues sí, habrá menos recursos para otras cosas, la gente a la larga se cansará de estos gastos y consultas, acabará por desilusionarse de la democracia y el derecho de revocatoria se devaluará.

Inestabilidad era una de las preocupaciones de los hacedores de la Constitución, pero pudo más esa visión religiosa de castigar a los malos y de sancionar sin más, pretendiendo que la ciudadanía tiene más razón que los políticos, un innecesario castigo a los partidos. Ahora, la experiencia demuestra que no se debe legislar con esa mentalidad, sin ver las consecuencias, los pro y contra de una norma. Legislar implica analizar lo que la norma conlleva en las buenas y en las peores para los contrapuestos, abusadores o sabios, apáticos o activos, etc. Normas pensadas solo a nivel de principios, sin considerar sus consecuencias y aplicación, terminan por ser inútiles por inaplicables, o a reformar por las desgracias causadas.

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