Marco Arauz

Revisión vehicular cada tres años

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Ya todos sabemos que el presidente Correa no planea quedarse en el Ecuador cuando termine su mandato.

El mensaje de la foto de la semana, con él flanqueado por el exvicepresidente Lenin Moreno y el vicepresidente Jorge Glas, es que AP correrá en las presidenciales con cualquiera de los dos, pero se da por descontado que Correa estará en la foto de campaña.
En ella, sin embargo, deberá estar solo uno de ellos.

Decisión difícil: a Moreno le pesa su ausencia del país en una época tan ajetreada, y Glas no termina de ser un buen candidato pese a que actúa como el dueño del balón.
Que Correa no estará entre nosotros quizás explique que no haya tomado plena conciencia de la carga que significaría para quienes nos quedamos acá, su decisión de permitir, como parte de una exhaustiva reforma al reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que el transporte público se someta a una sola revisión anual.


Decididamente las matemáticas domésticas son un tema menor para economistas que tienen que ocuparse de asuntos tan importantes como la falta de financiamiento para el Estado -préstamos con organismos indeseables, venta anticipada de petróleo, dinero electrónico pese a las críticas, venta de activos-; medidas para financiar el costo todavía desconocido de la reconstrucción en Manabí y Esmeraldas, entre tantos otros.


Pero no es muy difícil darse cuenta de que las unidades de transporte público recorren anualmente muchísimos más kilómetros que los vehículos privados. En números redondos, tres veces más. Esa era la razón para que los primeros se revisaran dos veces al año, y los segundos una sola vez.


Así se podían reducir -de hecho han disminuido en los últimos años- los accidentes causados por problemas mecánicos que se detectan en las revisiones, incluso si éstas son solo visuales y manuales, como sucede en la mayoría de cantones. Llantas lisas, frenos en mal estado, han sido parte del predecible listado que acompaña la accidentalidad vial.


Por respeto a la vida, más que a las matemáticas, se debiera mantener la obligación de dos revisiones anuales para el transporte público. Si la decisión del Presidente no tiene fines políticos para favorecer a los transportistas y es de buena fe -como proclaman los gobernantes para referirse incluso a sus errores- es urgente que rectifique.

Es un verbo al que ya no parecen temerle demasiado, al menos a juzgar por las decisiones que se han observado en los últimos meses y que lucen, cuando menos, contradictorias.
Pero si tal vez hay razones técnicas para sostener que una revisión anual de un bus de transporte público es suficiente, una verdadera ‘armonización’, que cuadra con las matemáticas aunque no con la vida, debiera establecer una revisión cada dos o tres años para los vehículos de transporte privado.