En estos tiempos es incuestionable que: el objetivo de equidad debe presidir la economía política del Ecuador, porque el pueblo ya está empoderado de sus derechos; que la justicia social debe aplicarse en todos los ámbitos del vivir nacional, y que el ejercicio de la libertad en todas sus expresiones es insoslayable en democracia.
Para alcanzar estas metas hay que hacer camino al andar.
El mejor Gobierno es cuando los hechos son más importantes que las palabras.
Se reconoce lo que ha hecho el presidente Correa, pero se cuestiona lo que dice y cómo lo dice. Suponemos que el Gobierno está reviendo con cuidado el camino recorrido, reflexionando sobre su eficiencia y evaluando el costo/beneficio de sus acciones, para reconducir lo que está mal.
Se planifica la economía con participación estatal en la inversión para satisfacer las necesidades básicas y se piensa crear empresas estatales para regular el mercado, tratando de imprimir su sello político en detrimento de la empresa privada que mantiene una autonomía relativa. Al respecto debería preguntarse si de esta manera crecerán las inversiones imprescindibles para diversificar la economía o si es necesario construir una plataforma en la que se asiente la confianza del inversionista para arriesgar su capital, admitiendo que el Ecuador tiene una economía privada capitalista, a la que hay que regular en lo básico con el pensamiento socialdemócrata.
En la atracción de inversiones cuenta mucho la política exterior de un país.
La imagen que el Ecuador proyecta al resto del mundo determina si los dueños del capital extranjero confían o no, por lo que debemos evitar hechos como los que todavía impactan en la visión que se tiene del país, como es el caso Assange.
La hostilidad de lado y lado en las relaciones con Estados Unidos evidentemente no abonan a que capitales de ese país vengan al Ecuador.
Tampoco podemos emitir papeles de deuda soberana para vender en el mercado de capitales, lo que nos arrincona a depender de China.
Las tratativas con la Unión Europea no avanzan quizá por su falta de interés y por la carencia de un poder de negociación del Ecuador. Esta es una definición necesaria porque hay que compatibilizar con la política de disminución de las importaciones. Volver a ver estos temas requiere seriedad y serenidad.
Si bien hasta el momento no hay un gran desequilibrio fiscal, el precio plano del petróleo sugiere que pronto faltarán los dólares para financiar el desarrollo nacional, en cuyo caso habrá que eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles, en lugar de actuar cuando ya se ha producido la debacle.
Sabemos que esto tiene un costo político, pero los estadistas deben decidir en los momentos oportunos para precaver los desequilibrios que, en este caso, pueden arrasar con la revolución ciudadana.