Columnista Invitado

Retrocesos en derechos indígenas

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Tharanga Yakupitiyage
IPS
Este año se cumple el décimo aniversario de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que dio pie a que distintos activistas analizaran los problemas que aún aquejan a estas comunidades.

La Declaración de septiembre de 2007, fue la primera de su tipo en reconocer y destacar la importancia de los derechos indígenas.

La declaración “contiene el carácter colectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Tiene por objeto remediar tipos de injusticias históricas y actuales”, declaró Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, durante una rueda de prensa celebrada el jueves 26.

Aunque no es jurídicamente vinculante, la declaración garantiza a los grupos indígenas el derecho a la libre determinación, a la tierra y a vivir libres de cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, Tauli Corpuz señaló que hay “graves retrocesos” en la implementación de los derechos indígenas, incluida la amenaza de que industrias mineras y extractivas despojen a las comunidades de sus tierras tribales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en los últimos días su plan de autorizar los polémicos oleoductos Dakota Access (DAPL, en inglés) y Keystone XL, proyectos que fueron previamente suspendidos por el anterior mandatario, Barack Obama, debido a la preocupación por las consecuencias para el ambiente y por la falta de consultas con grupos indígenas americanos.

La situación en torno al DAPL llegó incluso a las salas de la ONU, lo que llevó a Tauli Corpuz a pedirle al gobierno de Estados Unidos que, de conformidad con su compromiso de aplicar la Declaración, consultara a los grupos indígenas a quienes se les negó el acceso a la información y fueron excluidos del proceso de planificación del proyecto.

“Es de lamentar que ahora, a pesar de que las demandas aún no fueron respondidas... ese tipo de decisión tiene que ser nuevamente consultada con los propios pueblos indígenas porque, a fin de cuentas, son ellos los que serán directamente afectados”, subrayó.

Los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y no son funcionarios permanentes de la organización.
Aunque el ejército de Estados Unidos anunció que inició un proceso de Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de 3.800 millones de dólares, voces críticas sostienen que el Cuerpo de Ingenieros de esa fuerza no evaluó adecuadamente el potencial de derrames de petróleo del oleoducto ni sus consecuencias para el ambiente.

Según datos del gobierno estadounidense, los derrames de oleoductos son bastante comunes, lo que aumenta el riesgo de contaminación del agua.