El Gobierno se ufana de que la recaudación tributaria durante el año pasado creció en más de 16% -muy por encima de la inflación que fue del 3%- hasta alcanzar una cifra récord de 7 700 millones de dólares. Si las cosas van tan bien, ¿por qué entonces el Régimen prepara un nuevo paquete impositivo?
Porque las autoridades han convertido al Estado en un Pantagruel con un apetito voraz por gastar. ‘Lo que pasa es que este Gobierno, como ningún otro en la historia del país, invierte en sectores como infraestructura y salud’, me dirá -enfurecido- algún seguidor de la revolución ciudadana.
Yo le contestaría que sí, que tiene razón. Probablemente esta administración ha destinado más dinero que ninguna otra a rubros como carreteras o educación. Pero también le diría que esos recursos son una pequeña porción del gasto público total. La mayor parte de la plata que el Gobierno tira a las calles cada año se va en subsidios y gasto corriente.
El gasto corriente -es decir, los sueldos de los burócratas- beneficia a un sector minoritario de ecuatorianos, que es la clase media urbana, principalmente quiteña. Los subsidios a la gasolina y al gas benefician más a las personas de altos ingresos -que tienen piscinas y autos de gran cilindraje- y a los contrabandistas que venden esos productos en Colombia y Perú con pingues ganancias.
Esto lo reconoció hace pocos días un entusiasta militante del socialismo del siglo XXI, el presidente de Bolivia, Evo Morales. Eliminó los subsidios indiscriminados para hacer una política fiscalmente más responsable y socialmente más justa, pero enseguida dio marcha atrás porque tuvo protestas en las calles.
Lo mismo sucede acá: en vez de eliminar los subsidios indiscriminados o de recortar el gasto superfluo -dos acciones que tienen un alto costo político- la revolución ciudadana prefiere poner más impuestos para financiar su gasto exorbitante. (Se está llegando a límites inauditos como querer gravar la ‘comida chatarra’. ¿El mote con chicharrón es ‘comida chatarra’? ¿Quién decidirá aquello? ¿Un grupo de dietistas?).
Si este Régimen buscara la justicia social eliminaría los subsidios indiscriminados que suman unos 4 000 millones de dólares por año. Con esa suma gigantesca de dinero se montaría un verdadero programa de combate a la pobreza, que no se base en dádivas, sino en políticas que permitan a las personas hacerse productivas. Si este Gobierno fuera fiscalmente responsable recortaría los gastos superfluos para evitar que el país se endeude más o necesite más impuestos.
Pero a la revolución ciudadana no le interesa la justicia social ni la estabilidad económica. Le interesa quedarse en el poder. Y para eso debe ser populista.
gmaldonado@elcomercio.org