Marco Jurado

El retorno del migrante

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Varios miles de migrantes ecuatorianos están afectados por la quiebra de la empresa de paquetería española OGC, que se encargaba de trasladar encomiendas y menaje a Ecuador.

Solo en Madrid hay más de 1 000 familias perjudicadas por OGC, según ha dicho públicamente Darwin Castro uno de los portavoces de una plataforma de los afectados, creada en la capital de España.


El cierre de esta empresa ha permitido desentrañar algunas de las penalidades que deben enfrentar los compatriotas que se acogen al Plan Retorno, cuya intención es reintegrar dígnamente a las familias migrantes que retornen para establecer su domicilio en el país después de una ausencia mínima de cuatro años.


A más de los complicados papeleos de rigor y el ajetreo de la verificación de pesos y tipo de insumos a declarar, el interesado debe hacer un desembolso importante. Por lo general, quienes se deciden volver lo hacen porque carecen de empleo y ahorros o porque finalizan programas de estudios de post grado en especialidades. 


Trasladar un contenedor cuesta entre 
2 600 y 3 800 euros a lo que se suma la estresante penuria de buscar una empresa de transportación lo suficientemente seria como para no caer en redes de estafadores que se aprovechan de las circunstancias. 


Muchas de estas entidades de courier ofrecen realizar el trámite, traslado y desembarque con todos los requisitos de ley, fijan oficinas en el Ecuador que no existen y ofertan el embalaje en containers exclusivos que a la larga se vuelven embarques colectivos, como se está evidenciando en el caso de las cargas inmovilizadas en Guayaquil de la OGC.


Las autoridades han esperado que estalle el caso de supuesta estafa de OGC para enterarse de estas irregularidades de las empresas de transporte con asiento en España. El Fiscal general está tomando acciones. Es necesario que se asuma el tema con fuerza, que se asesore al migrante como debe ser y se le ofrezca garantías para su retorno feliz.