Juan Cuvi

Restauración conservadora

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La restauración conservadora no está en la oposición al Gobierno. Es más, ni siquiera está ubicada en el estricto terreno de la política. Al contrario, se ha convertido en atributo de la religiosidad con que el correísmo asume los asuntos públicos.

Forzar a un grupo de padres y madres de familia a implorar perdón por los actos civiles de sus hijos nos retrotrae a las épocas más arcaicas de la política. Más que un acto de humillación o indignidad es una forma de enajenación. Estas personas han renunciado a su condición de ciudadanos, a sus derechos constitucionales, a los mecanismos institucionales encargados de resolver los conflictos sociales. Apelan a la misericordia antes que a la justicia. Dan un salto hacia una pre-modernidad oscurantista y conventual.

La sacralización del poder constituye un peligro para la libertad humana, porque condena al ciudadano a un doble sometimiento: por un lado al Gobierno, y por otro lado a la divinidad. Anula la conciencia, coarta la autonomía del individuo e instaura prácticas aberrantes, como la imposición de manos en el Medioevo o los autos de fe en la Inquisición; induce al fanatismo y a la alienación social.

Durante el siglo XX la sacralización de la política asumió formas más sutiles y elaboradas. Fue la puerta de acceso al fascismo y al estalinismo, con toda una ritualidad institucionalizada desde el Estado: devoción por el líder, incondicionalidad al partido, autoinculpación de los disidentes e insumisos, estandarización de las conductas, credo político, intransigencia violenta con la diversidad.

Fue tal el grado de hipnosis colectiva que degeneró en una indolencia general frente a la brutalidad criminal. Como lo demuestran varios estudios, la mayor parte de ciudadanos lo sabía, pero prefirieron mirar hacia otro lado. Por miedo o por conformismo.

La suplicante plegaria de los familiares de los estudiantes detenidos está en las antípodas de la rebeldía y del orgullo que ha caracterizado a los sectores populares en la ciudad de Quito.
Las luchas estudiantiles, sobre todo cuando de alza de pasajes se ha tratado, cuentan con el respaldo o con la sutil complicidad de la comunidad. Y los padres de familia siempre han salido a exigir –jamás a suplicar– la libertad de sus hijos. Hasta ahora.

Al parecer, siete años de publicidad atosigante han terminado estimulando, en algunos sectores sociales, un atávico sentimiento de culpa frente a las discrepancias con el poder. Se impone la idea de que disentir equivale a pecar. No logramos asumir el profundo sentido laico y autónomo de la democracia.
El Gobierno busca subyugar a la sociedad mediante un discurso conservador y atrabiliario incoherente con los tiempos actuales. Por fortuna para el país, hay contrapesos como la marcha del 17 de septiembre.

Columnista invitado