Miguel Rivadeneira

Responsables de la violencia

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mrivadeneira@elcomercio.org

En medio de las emergencias por los fenómenos de la naturaleza, la erupción del Cotopaxi y la amenaza en el Litoral de El Niño, no se puede olvidar los hechos que ocurrieron con motivo de las protestas de agosto pasado por el levantamiento indígena y de organizaciones sociales. Este gobierno aprobó y puso en vigencia el derecho a la resistencia (art. 98) y una serie de disposiciones que garantizan a los ciudadanos, pero que con intolerancia y autoritarismo hoy les estorba. Del maltrato no se salvan ni los sacerdotes.

Cuando se presentan actos violentos las responsabilidades son compartidas y con mayor énfasis en las autoridades públicas, que tienen la obligación de preservar un estado de garantías, derechos y justicia de las personas debido a los hechos ocurridos en vías, comunidades y en Quito, aquel jueves 13.

La violencia, que es condenable de donde venga, dejó destrozos lamentables, heridos –entre ellos dirigentes indígenas y sociales, pero también policías- y un centenar de detenidos y mujeres indefensas. El Estado tiene la obligación de identificar a los responsables, especialmente aquellos encapuchados que aparecieron con objetos contundentes que fueron denunciados y que debieron ser aprehendidos por la Policía Nacional, institución obligada a preservar el orden interno, según la Constitución (art. 158). Luego, la Fiscalía entregar resultados de la investigación penal. ¿Quiénes fueron, nacionales, extranjeros o garroteros utilizados para golpear a quienes protestaban y a los policías, que no tuvieron la prestancia para detenerlos con las pruebas en mano de los objetos que portaban?

La Constitución dispone que las FF.AA. y la Policía son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Incluso, para aquellos comandantes que tengan alguna duda, el art. 159 ordena que las autoridades de las FF.AA. y la Policía serán responsables por las órdenes que impartan y la obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten.

Los comandantes, de acuerdo con la ley y los reglamentos internos, son responsables de lo que suceda o deje de ocurrir en su reparto. Por tanto, tarde o temprano quienes actúen al margen del ordenamiento jurídico tendrán que responder por sus acciones u omisiones y si aquí no funciona en forma imparcial la justicia porque se ha criminalizado la protesta, como señalara el anterior Defensor del Pueblo en este régimen, la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de DD.HH. podrá ser escenario de juzgamiento. Más aún cuando las organizaciones sociales e indígenas anunciaran que las protestas volverán hasta que por lo menos se desechen o archiven las enmiendas constitucionales que el oficialismo pretende imponer sin consulta al pueblo para tratar de seguir en el poder en medio de lo que debe ser una prioridad: la aguda crisis económica y el enorme gasto público.